Mexicali, B.C., sábado 28 de febrero de 2026.– La Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Baja California aprobó el Dictamen número 12, mediante el cual se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, con el propósito de reconocer y definir expresamente la violencia en el noviazgo como una modalidad de violencia contra las mujeres.
La iniciativa fue presentada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez y contempla la modificación del artículo 4, así como la adición de un artículo 7 Bis, incorporando el concepto jurídico de noviazgo y estableciendo una definición específica de violencia en este tipo de relaciones afectivas.
Durante el análisis legislativo, la diputada promovente presentó una reserva para ajustar la definición de noviazgo, ya que la redacción vigente presuponía que se trataba de una relación temporal con fines de formalización permanente, lo cual podía excluir del ámbito de protección a aquellas relaciones que no aspiren a ese propósito. Con esta modificación se busca ampliar los alcances de protección y atender la realidad social de las juventudes.
De acuerdo con el dictamen aprobado en lo general y en lo particular, se entenderá por noviazgo la relación sentimental voluntaria y temporal entre dos personas que no están unidas por vínculo matrimonial ni concubinato.
Asimismo, se establece que la violencia en el noviazgo comprende toda acción u omisión intencional, de naturaleza abusiva, ejercida por quien sea o haya sido pareja sentimental de la mujer, con el propósito de dominar, controlar, agredir, manipular, humillar, hostigar o ejercer presión que lesione su dignidad, integridad o libertad.
El dictamen señala que la reforma encuentra sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que obligan al Estado a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.
Tras el estudio de constitucionalidad y técnica legislativa, la Comisión consideró procedente la iniciativa con ajustes de redacción para otorgar mayor claridad y certeza jurídica, armonizando su contenido con la ley vigente.