Por Manuel Cárdenas
Durante décadas, el agua en México fue secuestrada por una lógica neoliberal que la redujo a mercancía y la puso al servicio de unos cuantos. Se concesionó sin control, se acumuló en manos privadas y se administró desde la comodidad del escritorio, mientras millones de personas abrían la llave sin saber si ese día habría agua o no.
Ese modelo fracasó. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, el Estado mexicano comienza a corregir una injusticia histórica, fue desde el sexenio pasado que se empezó a hablar de “justicia hídrica”..
La promulgación de la nueva Ley General de Aguas, la firma del acuerdo binacional con Estados Unidos para cumplir el Tratado de 1944 y la detención del exgobernador César Duarte no son hechos aislados. Son expresiones de un mismo principio rector: el agua es del pueblo y para el pueblo, y el poder público existe para garantizar derechos, no para proteger privilegios.
Un acuerdo binacional: cumplir sin entregar la soberanía.
La reciente firma del acuerdo entre México y Estados Unidos para liberar 249 millones de metros cúbicos de agua en el marco del Tratado de 1944 ha sido presentada por algunos sectores como una cesión. Nada más alejado de la realidad.
Cumplir un tratado internacional no es debilidad; es responsabilidad de Estado. México honra su palabra incluso en un contexto de sequía histórica, demostrando que la cooperación internacional puede convivir con la defensa de la soberanía nacional. Pero este cumplimiento no se hace a costa del pueblo, sino desde una nueva lógica: ordenar el uso del agua, acabar con el descontrol y priorizar el consumo humano.
No se puede cumplir hacia afuera si hacia adentro reina el caos heredado del pasado. Por eso, este acuerdo solo es posible hoy porque existe una decisión política clara: poner orden donde antes hubo saqueo, y garantizar que el agua alcance primero a la gente, no a los intereses económicos.
César Duarte y el símbolo del saqueo.
La detención de César Duarte no puede leerse únicamente como un expediente penal. Es un símbolo del México que se está dejando atrás. Durante años, el exgobernador fue señalado por construir presas y obras hidráulicas privadas, desviando cauces y apropiándose del agua en uno de los estados más golpeados por la sequía.
Ese modelo representó la perversión del poder: políticos enriquecidos, ranchos con agua de sobra y comunidades enteras sin acceso al recurso más básico. Eso también es corrupción. Eso también es violencia contra el pueblo.
Que hoy se detenga a un exgobernador envía un mensaje claro y contundente: el poder político ya no es patente de corso para robarle al pueblo, ni dinero, ni territorio, ni agua. La justicia tarda, pero llega cuando hay voluntad política.
La nueva Ley General de Aguas: el agua como derecho, no como negocio.
La Ley General de Aguas recientemente promulgada marca un parteaguas. Por primera vez, el centro de la política hídrica no es la concesión, sino el derecho humano al agua y al saneamiento, como lo establece el artículo 4º constitucional.
Este cambio no es técnico, es ideológico y profundamente social. Significa reconocer que el acceso al agua no depende de cuánto tienes, a quién conoces o qué tan grande es tu rancho, sino de tu dignidad como persona.
La ley fortalece la rectoría del Estado, combate el acaparamiento, exige medición real de volúmenes, reconoce sistemas comunitarios y establece que el consumo humano va primero.
Eso es justicia social en términos concretos, es justicia hídrica.
Primero el pueblo: gobernar el agua es gobernar el poder.
Gobernar no es administrar inercias, sino transformar estructuras injustas. El agua es una de esas estructuras. Regularla implica tocar intereses, incomodar a élites y desmontar un sistema de privilegios que se construyó durante décadas.
Habrá resistencias. Siempre las hay cuando se acaba el negocio de unos cuantos. Pero la transformación nunca fue un camino cómodo.
Hoy, el Estado mexicano empieza a decir con hechos lo que durante años se negó: el agua no es un botín, es un derecho. Y donde hay derechos, debe haber justicia.
La convergencia entre la nueva ley, el acuerdo binacional y la detención de Duarte nos muestra algo fundamental: la transformación también pasa por el agua.
Porque sin agua no hay vida, sin vida no hay derechos, y sin justicia social no hay país posible.
El agua vuelve al pueblo. Y cuando el pueblo va primero, la historia empieza a enderezarse.