Las reformas legales en materia fiscal proyectadas para 2026 han despertado inquietud entre especialistas, debido a que podrían debilitar los mecanismos de defensa de los ciudadanos frente a abusos de autoridad, además de que podría incentivar la informalidad en la economía.
Así lo expuso el Dr. Adolfo Solís Farías, especialista en Derecho Fiscal, tras su participación como ponente en el desayuno catorcenal del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC), que preside el Dr. Sergio Vázquez Núñez, donde habló sobre los principales riesgos que traerían estas disposiciones, en particular las modificaciones a la Ley de Amparo.
“La propuesta a la ley de amparo es lo peor que le puede pasar a este país, porque se está tratando de eliminar la responsabilidad de las autoridades ante el incumplimiento de una orden de un juez; basta con que el funcionario diga que tiene una imposibilidad jurídico-material para que ya no le pase nada, y ahí el ciudadano se queda en la indefensión”, explicó.
El especialista detalló que, de aprobarse, esta reforma transformaría de raíz la figura del amparo, pues dejaría sin efectos sancionatorios a funcionarios que desobedezcan resoluciones judiciales, debilitando así el principio de contrapesos en el Estado de derecho.
Otro punto que abordó fue la propuesta de imponer impuestos a cuentas de ahorro superiores a 200 mil pesos, medida que podría provocar mayor migración hacia la economía informal, ya que recordó que México enfrenta, de por sí, altos niveles de informalidad, derivada de cargas fiscales excesivas.
“El país está lleno de informales porque el gobierno ha hecho medidas que han presionado al sector empresarial y han migrado a la informalidad, entonces se está tratando de imponer nuevas cargas y cambios a los métodos de fiscalización, enfocado a los empresarios cautivos y cumplidos; mientras que a la informalidad, se le premia condonando multas y recargos, o no molestándole”, subrayó.
El Dr. Adolfo Solís calificó de “absurda” la iniciativa de limitar a 12,800 pesos las transferencias bancarias, toda vez que lejos de combatir la extorsión, fishing o el lavado de dinero, fomentaría la segmentación de operaciones y el uso de múltiples cuentas, sin atacar los verdaderos esquemas de desvío de recursos.
“Mejor que hagan normas para evitar que los funcionarios públicos no desvíen el dinero público; pero sobre esto, nada propone el Congreso Federal”. Concluyó el abogado fiscalista.