El tropiezo de Ignacio Mier por la Ley Antimemes: ¿quién podrá bajar contenidos por uso indebido de la imagen gubernamental?
Al ser cuestionado horas antes de la discusión en el Senado para aprobar o no la Ley Antimemes, el presidente de la Jucopo mostró poco conocimiento sobre el dictamen y no supo responder con claridad
La reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida como Ley Anitmemes, fue aprobada por el Senado de la República el pasado martes 3 de noviembre entre críticas y cuestionamientos por considerar que puede atentar contra la libertad de expresión y promover la censura.
La llamada Ley Antimemes establece nuevas obligaciones para plataformas digitales y proveedores de servicios de internet frente a denuncias por presuntas violaciones a derechos de autor. Contempla penas de uno acinco años de prisión para quien utilice, reproduzca o imite logotipos, dominios electrónicos, documentos o identidad gráfica de instituciones públicas con el propósito de engañar y cometer un ilícito.
Entre sus disposiciones, la reforma, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla el retiro de los contenidos señalados, sanciones para usuarios reincidentes y multas para empresas que lo incumplan. Ello abrió cuestionamientos sobre el alcance de las medidas que podrían poner en riesgo publicaciones donde se utilice la imagen gubernamental con fines de sátira, crítica y de interés público, lo que configuraría un atentado a la libertad de expresión, como lo ha señalado la organización Artículo 19 México y Centroamérica.
La crítica a la Ley Antimemes cuestiona también poca claridad en la redacción del dictamen. Una de las críticas radica en lo referente al retiro de los contenidos publicados en redes sociales, donde la responsabilidad recae en el proveedor de internet, es decir, las empresas que brindan la conexión a la red, como lo serían Telmex, Izzi o Totalplay, por ejemplo.
En ese sentido, horas antes de que los legisladores discutieran la reforma en el pleno del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), fue cuestionado sobre la reforma durante una conferencia de prensa, sin embargo, no supo responder con claridad y evidenció una falta de conocimiento sobre la redacción del dictamen que estaba a horas de discutirse.
Mier dejó sin precisar qué actor debe retirar publicaciones señaladas por uso indebido de imágenes o materiales protegidos de acuerdo a la Ley Antimemes: primero atribuyó —muy seguro de sí— la obligación al proveedor de servicios de internet y después sostuvo que corresponde a las plataformas digitales.
Ignacio Mier no supo responder una pregunta clave sobre la discusión de la Ley Antimemes: ¿quién es el encargado de retirar el contenido en plataformas digitales, el proveedor o la plataforma? (Cámara de Diputados)
Mier cambia su respuesta y evidencia falta de conocimiento sobre Ley Antimemes
Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), explicó que la reforma busca proteger la propiedad intelectual y regular el uso de imágenes en entornos digitales. También sostuvo que el tema responde a requerimientos comerciales y a la necesidad de proteger derechos de autor y de propiedad.
Durante su intervención, relató que él mismo habría enfrentado casos de suplantación de identidad. Dijo que personas crearon perfiles con su nombre para solicitar dinero a cambio de citas o gestiones.
“Yo he sido víctima”, dijo el legislador. “Crearon cinco o seis perfiles y empezaban a cobrar para pedir citas en mi nombre y gestionar”, defendió la implementación de la reforma.
A partir de ese ejemplo, Mier planteó que una persona afectada debería presentar una solicitud ante el proveedor. “¿A quién le reclamo? Pues al proveedor. Le solicito primero”, afirmó.
La respuesta provocó una precisión de los reporteros presentes, quienes insistieron en que el proveedor sería una empresa de conexión a internet, como Telmex o Izzi, mientras que las plataformas son las que permiten publicar el contenido. Por ello surgió la pregunta expresa: ¿quién es el encargado, si los proveedores no tienen acceso a las plataformas como para bajar contenidos?
“El proveedor”, aseguró Ignacio Mier más de una vez, sin embargo, ante la réplica de la prensa, que fue inmediata, y tras unos segundos de silencio, el sendero modificó entonces su respuesta. “Pues es la plataforma la que debe realizarlo”, dijo. Aunque después añadió que ello “lo vamos a checar ahorita que venga el debate”.
La discusión sobre quién debe bajar contenidos se relaciona con las figuras incorporadas en la reforma. Las disposiciones plantean obligaciones para proveedores de servicios de internet y plataformas digitales ante reclamaciones por uso no autorizado de obras o materiales protegidos.
Las plataformas digitales son los espacios donde las personas usuarias crean cuentas, suben imágenes, comparten videos, publican mensajes o administran perfiles. Ahí se encuentra el contenido que puede ser denunciado por una presunta vulneración de derechos de autor.
Los proveedores de conexión, en cambio, ofrecen el servicio para que hogares, negocios y usuarios tengan acceso a internet. La diferencia resulta central cuando se discute quién puede recibir una notificación, revisar una publicación y ejecutar su retiro.
Artículo 19 advierte riesgos para la libertad de expresión
La organización Artículo 19 México y Centroamérica ha sostenido que la reforma aumenta las responsabilidades y sanciones para los proveedores de servicios de internet por los contenidos que publiquen las personas usuarias. Señala que ese esquema puede incentivar la vigilancia y el retiro preventivo de publicaciones para evitar posibles castigos.
Por ello, la organización ha cuestionado que la ley atribuya responsabilidad a los proveedores cuando “contribuyan, induzcan o causen” una conducta infractora y tengan conocimiento de ella. Ha advertido que la norma no define los criterios para determinar esas conductas, lo que dejaría margen a interpretaciones sobre la circulación de contenidos en internet.
Artículo 19 también señaló que los retiros podrían ocurrir sin una resolución judicial que determine la existencia de una infracción a derechos de autor. Añade que la obligación de negar acceso a las plataformas a personas consideradas infractoras reincidentes puede impedir publicaciones futuras.
De acuerdo con la organización, esas disposiciones pueden alcanzar contenidos de crítica, cuestionamiento, sátira e ironía. También ha afirmado que existen antecedentes de publicaciones retiradas mediante reclamaciones por derechos de autor, incluso en casos en que los materiales correspondían al trabajo original de periodistas, activistas y personas usuarias.
con información de Infobae