Alfonso Ramírez pide a la SCJN resolver juicio político contra Samuel García y evitar que sea una “tapadera”
El diputado de Morena sostuvo que la Suprema Corte debe permitir que el procedimiento contra el gobernador de Nuevo León tenga consecuencias constitucionales
El diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver de fondo la suspensión del juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, al advertir que sería un grave error que el máximo tribunal del país se convirtiera en una “tapadera” para impedir que el procedimiento tenga consecuencias.
El legislador consideró que el juicio político debe desarrollarse conforme a las facultades constitucionales del Congreso local y permitir que, en caso de acreditarse las responsabilidades correspondientes, se apliquen las sanciones previstas por la ley, entre ellas la destitución y la inhabilitación del mandatario estatal.
En declaraciones a medios de comunicación, al término de la reunión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Ramírez Cuéllar cuestionó que se pretenda reconocer la procedencia del juicio político, pero impedir que llegue hasta sus últimas consecuencias.
“Lo que ellos (SCJN) nos están diciendo es que el juicio político solamente procede, pero sin llegar a las últimas consecuencias, porque esto generaría una anarquía, una ingobernabilidad en el estado”, señaló.
Sin embargo, el diputado rechazó que una eventual separación del cargo o inhabilitación de Samuel García represente un riesgo para la estabilidad política de Nuevo León. Aseguró que la entidad cuenta con instituciones sólidas para garantizar la continuidad de sus actividades gubernamentales y el funcionamiento de los poderes públicos.
Morena descarta ingobernabilidad por destitución de Samuel García
Alfonso Cuellar Morena diputado SCJN juicio político Samuel García (foto: Congreso federal)
Ramírez Cuéllar sostuvo que Nuevo León tiene un Congreso local, un Poder Judicial y una sociedad con suficiente fortaleza institucional para enfrentar un procedimiento de esta naturaleza, por lo que consideró injustificado utilizar el argumento de la ingobernabilidad para frenar las consecuencias del juicio político.
“El estado de Nuevo León tiene sus instituciones muy firmes, tiene un Congreso local, Poder Judicial y tiene instituciones y una sociedad muy fuerte, muy sólida”, expresó.
En ese sentido, afirmó que la destitución o inhabilitación del gobernador no perjudicaría a la entidad. Por el contrario, consideró que permitiría recuperar el rumbo de la administración estatal, particularmente en materia de manejo de recursos públicos.
A juicio del legislador, el procedimiento contribuiría a que Nuevo León regresara a una ruta de ejercicio presupuestal honesto y eficiente.
El diputado también recordó que el Congreso estatal cuenta con una Comisión Anticorrupción, instancia relacionada con el proceso legislativo para llevar a Samuel García ante el Pleno y someterlo a juicio político.
Señala intervención judicial para frenar el procedimiento
El Congreso de Nuevo León mantiene un juicio político que indaga una presunta triangulación por cerca de mil millones de pesos
El legislador explicó que el proceso contra el gobernador enfrenta obstáculos judiciales que han impedido que el Congreso de Nuevo León avance con el procedimiento.
Detalló que una jueza administrativa determinó suspender el proceso legislativo mediante el cual Samuel García sería sometido a consideración del Pleno del Congreso estatal para enfrentar un juicio político.
Posteriormente, agregó, la Suprema Corte intervino de manera paralela a esa resolución judicial y determinó que el procedimiento no tuviera efectos.
Ante este escenario, Ramírez Cuéllar insistió en que el Congreso local tiene facultades para desarrollar el juicio político y, en su caso, demandar la destitución e inhabilitación del mandatario estatal.
Su planteamiento es que la resolución de la SCJN permita aclarar los alcances constitucionales del procedimiento y evite que una suspensión judicial termine por neutralizar las atribuciones del Poder Legislativo.
El diputado insistió en que un juicio político no puede limitarse a un reconocimiento formal de su procedencia si, al mismo tiempo, se impide aplicar las sanciones que contempla el marco constitucional.
Ramírez Cuéllar también se pronuncia sobre Guadalupe Taddei
Fotografía de archivo de la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, durante un acto protocolario en Ciudad de México de México (México). EFE/ Mario Guzmán
Durante el encuentro con representantes de los medios de comunicación, el legislador de Morena también fue cuestionado sobre las posibles acciones penales relacionadas con la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.
Al respecto, señaló que corresponde inicialmente a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar las acciones que procedan, aunque recordó que existen otras instituciones con facultades para presentar denuncias ante posibles irregularidades.
Mencionó que tanto el INE como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pueden acudir ante las autoridades ministeriales para denunciar hechos que pudieran constituir delitos.
Además, sostuvo que la Fiscalía tiene atribuciones para iniciar investigaciones por cuenta propia, sin necesidad de esperar a que una institución presente una denuncia.
“Los delitos por los que se le puede considerar son delitos graves y la Fiscalía puede actuar de oficio también”, afirmó.
El legislador reiteró que las instituciones deben ejercer las facultades que les corresponden y evitar que los procedimientos legales queden sin consecuencias.