Ciudad de México, 04/11/26 (Más).- El Instituto Nacional Electoral (INE) descartó una propuesta de Talleres Gráficos de México que representaba un ahorro de 34.3 millones de pesos para la fabricación de urnas y mamparas destinadas a la elección judicial de 2025, debido a inconsistencias en dos documentos presentados para acreditar experiencia, y posteriormente adjudicó directamente el contrato a Cajas Graf y TOL Producciones, empresas cuya oferta final fue 26.7 millones de pesos más elevada.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, el Órgano Interno de Control (OIC) del INE identificó irregularidades en el procedimiento de contratación, entre ellas la falta de una verificación suficiente de la capacidad técnica y operativa de los proveedores, deficiencias en la investigación de mercado y diferencias en el cálculo de las penalizaciones por retrasos en la entrega de los materiales electorales.
Los hallazgos fueron expuestos por el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, durante una comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, realizada el 30 de octubre. El funcionario precisó que los resultados de la revisión eran preliminares y que debían continuar su proceso de análisis antes de convertirse en determinaciones definitivas.
La contratación tuvo como antecedente una licitación pública que el INE declaró desierta el 7 de febrero de 2025, luego de que ninguna de las propuestas recibidas cumpliera con todos los requisitos establecidos en la convocatoria LP-INE-001/2025, publicada el 23 de enero de ese año.
Entre los participantes se encontraban Cajas Graf y TOL Producciones, que presentaron una propuesta conjunta. Sin embargo, la evaluación documental determinó que cuatro de los ocho contratos entregados para acreditar experiencia estaban incompletos, por lo que no alcanzaron el mínimo de cinco contratos completos exigidos por el instituto.
Después de declarar desierto el procedimiento, el INE inició una investigación de mercado identificada como IM-0030-2025, en la que invitó a nueve posibles proveedores a presentar cotizaciones y muestras de los materiales requeridos. En esta etapa participó Talleres Gráficos de México, organismo público descentralizado de la Secretaría de Gobernación.
La propuesta de Talleres Gráficos establecía un precio de 297.08 pesos por cada urna electoral y 233.17 pesos por cada mampara especial, mientras que Cajas Graf y TOL Producciones habían cotizado inicialmente 335 pesos por urna y 296 pesos por mampara, antes del impuesto al valor agregado.
El informe de evaluación integral del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial 2024-2025, elaborado en noviembre de 2025, reconoció que Talleres Gráficos presentó la cotización más económica y cumplía con los tiempos de entrega y las especificaciones técnicas, aspectos que fueron revisados con acompañamiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
No obstante, el INE descartó su propuesta porque dos de los cinco contratos presentados para demostrar experiencia tenían inconsistencias documentales. En uno, correspondiente al organismo electoral del Estado de México, faltaba la página 17 de 17, mientras que otro, relacionado con el instituto electoral de Guanajuato, contenía un anexo que correspondía a la autoridad electoral mexiquense.
Por esas omisiones, el instituto consideró que Talleres Gráficos solamente había acreditado tres contratos completos, pese a que su propuesta cumplía con los requisitos económicos y técnicos. El informe no precisa si la dependencia tuvo oportunidad de subsanar los documentos ni si existía algún impedimento para corregir las inconsistencias.
Una vez descartada esa alternativa, el INE consideró que Cajas Graf y TOL Producciones representaban la siguiente opción económicamente más baja entre los proveedores que cumplían con los requisitos establecidos. El 18 de febrero de 2025, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral solicitó nuevas cotizaciones, pero Talleres Gráficos ya no fue incluido en esa consulta.
En esa segunda revisión, las empresas redujeron sus precios a 320.88 pesos por urna y 282.80 pesos por mampara. Sin embargo, la diferencia económica frente a la propuesta original de Talleres Gráficos se mantuvo en 26 millones 667 mil 936.64 pesos, cantidad que posteriormente fue identificada por el Órgano Interno de Control.
El 27 de febrero de 2025, el INE adjudicó directamente a Cajas Graf y TOL Producciones la fabricación de 63 mil 549 urnas electorales y 432 mil 745 mamparas especiales. El contrato quedó identificado como INE/007/2025, con un monto mínimo de 165 millones 615 mil 391.38 pesos y uno máximo de 198 millones 738 mil 544.10 pesos.
Durante su comparecencia, Carvente Contreras cuestionó que el instituto no hubiera comprobado de manera objetiva que las empresas seleccionadas contaran con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para cumplir con el suministro de los productos.
El contralor también señaló que una de las compañías incorporó a su objeto social la comercialización de artículos electorales el 20 de enero de 2025, apenas tres días antes de la publicación de la convocatoria. Sin embargo, en la presentación del OIC no se identificó específicamente a cuál de las empresas correspondía esa modificación.
Otro de los señalamientos se relacionó con la investigación de mercado, debido a que se incluyeron posibles oferentes cuyas actividades comerciales no necesariamente correspondían con los materiales que el organismo electoral necesitaba adquirir. Carvente cuestionó que no se hubiera comprobado suficientemente la experiencia y capacidad operativa de los participantes.
El funcionario también puso en duda la justificación utilizada para recurrir a la adjudicación directa, al señalar que el Comité de Adquisiciones no acreditó suficientemente las causas de excepción previstas en el artículo 50, fracciones II, IV y VI, del reglamento correspondiente.
De acuerdo con la revisión del OIC, tampoco se justificaron adecuadamente los criterios de economía, eficacia, eficiencia e imparcialidad que deben respaldar este tipo de procedimientos. La Dirección de Asuntos Jurídicos había analizado tanto la adjudicación directa como la posibilidad de utilizar el convenio marco de colaboración vigente entre el INE y Talleres Gráficos de México.
En el documento INE/DEAJ/3091/2025, el área jurídica señaló que recurrir al convenio marco requería acreditar la capacidad técnica, material y humana del organismo público, mientras que la licitación desierta permitía considerar una adjudicación directa. También advirtió que la falta de urnas y mamparas podía poner en riesgo la organización de la elección judicial y el ejercicio del voto.
La revisión del órgano de control identificó además retrasos en la entrega de los materiales electorales y diferencias en el cálculo de las sanciones económicas aplicables. Según la presentación de Carvente, inicialmente el INE determinó penas convencionales cercanas a cinco millones de pesos, pero posteriormente las redujo a aproximadamente 26 mil pesos, al considerar la existencia de un supuesto caso fortuito que, de acuerdo con el OIC, no estaba acreditado.
El contralor estimó que los retrasos debieron generar penalizaciones cercanas a 43 millones de pesos, por lo que cuestionó la reducción aplicada por el instituto. Este señalamiento se incorporó a los resultados preliminares de la revisión sobre el cumplimiento del contrato.
Los hallazgos también se relacionan con un análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ubicó a las empresas identificadas como C Graph y TOL dentro de un mismo grupo de proveedores denominado GHC, junto con ZEG, Seriplast y Reconstrucción y Comunicación.
De acuerdo con la información presentada por la ASF en la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025, ese grupo acumuló contrataciones con distintas instituciones públicas por dos mil 257.1 millones de pesos, correspondientes a un análisis de los ejercicios de 2014 a 2026. El monto comprende diversas operaciones y no corresponde exclusivamente al contrato de urnas y mamparas del INE.
Por su parte, el OIC presentó un análisis de relaciones entre accionistas, apoderados y representantes legales de proveedores de materiales electorales, en el que aparece José Alfredo Hernández Casillas vinculado con Cajas Graf y Seriplast.
Carvente Contreras sostuvo que la concentración de proveedores en el sector electoral no es un fenómeno reciente ni exclusivo del INE, sino que también involucra contrataciones realizadas por organismos electorales estatales a lo largo de varios años.
Los resultados de la revisión mantienen pendientes dos aspectos centrales del procedimiento: conocer qué elementos permitieron considerar aptas a Cajas Graf y TOL Producciones después de que ambas habían sido descalificadas en la licitación inicial por documentación incompleta, y determinar si Talleres Gráficos de México tuvo oportunidad de corregir los documentos por los que fue excluida, pese a presentar la propuesta de menor costo.
con información de Infobae