Congreso de Baja California aprueba reforma para actualizar regulación de casas de empeño
La iniciativa de Araceli Geraldo sustituye el salario mínimo por la UMA como referencia para calcular multas y actualiza las facultades de la Secretaría de Hacienda estatal.
Mexicali, Baja California, 1 de noviembre de 2026. El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley que Establece las Bases de Operación de las Casas de Empeño de Baja California, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica en la aplicación de multas y actualizar las disposiciones que regulan estos establecimientos.
La iniciativa, impulsada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, modifica los artículos 25, 40 y 47 para sustituir las referencias al salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que será la base para calcular las sanciones administrativas.
Con esta modificación, las multas por presentar fuera de plazo las solicitudes de revalidación de permisos se establecerán entre 50 y 100 veces el valor diario de la UMA vigente. En tanto, las sanciones por incumplir las disposiciones de la ley podrán ir de 50 a 500 veces dicho valor.
La reforma también actualiza la denominación de la autoridad responsable de hacer efectivas las multas, al sustituir las referencias a la extinta Secretaría de Planeación y Finanzas por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, conforme a la estructura actual de la administración pública estatal.
De acuerdo con la exposición de motivos, la propuesta busca armonizar la legislación local con la reforma constitucional federal de 2016, mediante la cual el salario mínimo dejó de utilizarse como referencia para determinar multas y otras obligaciones legales.
El dictamen número 04, presentado por la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, señala que los cambios permiten actualizar el marco jurídico estatal y precisar tanto las disposiciones aplicables a las casas de empeño como las atribuciones de las autoridades encargadas de vigilar su cumplimiento.
Durante el análisis legislativo, la iniciativa fue considerada jurídicamente procedente y congruente con las disposiciones constitucionales federales y estatales. La reforma se aprobó por unanimidad de las diputaciones presentes y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
