La iniciativa de la diputada Evelyn Sánchez plantea tipificar esta práctica como una modalidad agravada de extorsión, con sanciones más severas cuando las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables.
Mexicali, Baja California, a 13 de octubre de 2026. La diputada local Evelyn Sánchez Sánchez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California para endurecer las sanciones contra quienes provoquen accidentes de tránsito de manera intencional con el propósito de exigir dinero a las víctimas, práctica conocida como “montachoques”.
La propuesta plantea adicionar la fracción VIII al artículo 224 Bis del Código Penal estatal, con el objetivo de reconocer esta conducta como una modalidad agravada del delito de extorsión y establecer consecuencias específicas para quienes simulen colisiones para obtener beneficios económicos indebidos.
De acuerdo con la legisladora, esta práctica pone en riesgo la seguridad de los automovilistas, ya que quienes la realizan presuntamente recurren a amenazas, intimidaciones e incluso agresiones físicas para obligar a las personas afectadas a pagar por daños provocados deliberadamente.
Como parte de la exposición de motivos, la iniciativa cita un operativo realizado el pasado 16 de septiembre, cuando autoridades de seguridad municipal de Tijuana informaron sobre la desarticulación de dos células presuntamente dedicadas a esta actividad, con un saldo de 10 personas detenidas.
Según los antecedentes referidos en la propuesta, estos grupos operaban principalmente en la Vía Rápida y el bulevar Insurgentes, donde utilizaban varios vehículos para provocar colisiones y exigir dinero bajo intimidación.
También se menciona un incidente ocurrido el 22 de septiembre en Playas de Tijuana, en el que un automovilista resultó lesionado con un arma blanca tras un altercado vial relacionado con presuntos “montachoques”.
En materia de sanciones, la reforma propone aplicar el agravamiento previsto para el delito de extorsión, que contempla un incremento de hasta la mitad de la pena correspondiente y multas de hasta 500 días. Además, plantea que las penas puedan aumentar hasta el doble cuando las víctimas sean personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres o integrantes de grupos vulnerables.
Sánchez Sánchez sostuvo que, aunque la extorsión ya está contemplada en la legislación penal, es necesario identificar expresamente esta modalidad para evitar que los accidentes provocados intencionalmente sean tratados únicamente como conflictos de tránsito o asuntos civiles.
La iniciativa busca fortalecer las herramientas legales para combatir estas conductas, proteger el patrimonio de las víctimas y reducir los riesgos de intimidación y violencia contra quienes transitan por las calles de Baja California.
