La iniciativa del diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros plantea elevar las sanciones de uno a cinco años a un rango de cuatro a ocho años de prisión, además de incrementar las multas.
Mexicali, Baja California, 11 de octubre de 2026.– El diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros presentó una iniciativa para reformar el artículo 320 del Código Penal de Baja California, con el propósito de aumentar las sanciones por el delito de falsedad ante autoridades.
La propuesta busca establecer penas más severas para quienes, teniendo la obligación legal de conducirse con verdad ante una autoridad, proporcionen información falsa u oculten deliberadamente la verdad durante un procedimiento o acto oficial.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que la iniciativa pretende fortalecer el funcionamiento de las instituciones públicas y los procedimientos en los que las autoridades requieren información veraz para ejercer sus atribuciones.
De acuerdo con la exposición de motivos, la propuesta no busca sancionar opiniones ni posturas ideológicas, ni establecer una prohibición general para expresar información. El planteamiento se centra en conductas realizadas cuando existe una obligación jurídica previa de decir la verdad ante una autoridad.
Valle Ballesteros explicó que la falsedad deliberada puede generar investigaciones innecesarias, decisiones equivocadas, afectaciones a terceros, uso indebido de recursos públicos y retrasos en los procedimientos. En determinados casos, añadió, estas conductas también pueden repercutir en la procuración e impartición de justicia.
Actualmente, el artículo 320 establece una pena de uno a cinco años de prisión y hasta 100 días multa para quien, teniendo la obligación legal de conducirse con verdad ante una autoridad, actúe falsamente u oculte la verdad.
La iniciativa propone modificar estas sanciones para establecer una pena de cuatro a ocho años de prisión y de 100 a 300 días multa.
El planteamiento sostiene que el objetivo de la reforma es proteger el adecuado funcionamiento de las instituciones y la veracidad de las actuaciones oficiales en las que la legislación impone el deber de conducirse con verdad.
La propuesta deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para su análisis y eventual aprobación.
