Por: El arte de conversar | Arturo Méndez Preciado
Durante años se puso de moda llamarles “ninis” a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. La expresión es cómoda, pero bastante injusta. Da a entender que todos son flojos, que no quieren hacer nada y que prefieren vivir de sus padres. Los habrá, seguramente. Pero también hay muchachos que abandonaron la escuela por necesidad, que no encuentran quién les dé una primera oportunidad o que pasan los días buscando un trabajo que no aparece.
Para atender ese problema nació Jóvenes Construyendo el Futuro. La idea es sencilla: el gobierno entrega una beca y un negocio, taller o empresa recibe al joven para capacitarlo hasta por un año. Al terminar, se supone que tendrá conocimientos, experiencia y mejores posibilidades de encontrar empleo.
No me parece una mala idea. Al contrario, para alguien que nunca ha trabajado, entrar a un centro de trabajo y aprender un oficio puede cambiarle la vida. Además, mientras se capacita, recibe un ingreso y tiene acceso a atención médica.
El asunto volvió a ser noticia esta semana. El gobierno anunció que ya no habrá nuevas incorporaciones durante lo que resta del año porque prácticamente se cumplió la meta prevista. Las inscripciones se reanudarán en enero. Conviene aclararlo: no se canceló el programa, simplemente se cerró temporalmente la puerta de entrada.
A mí me interesa otra cosa. Después de tantos años de operación y de tanto dinero invertido, ¿podemos decir que funcionó?
La respuesta merece algo más que un aplauso o una descalificación. Sí ha servido. Hay jóvenes que aprendieron un oficio, tuvieron su primer ingreso y consiguieron trabajo gracias a esa experiencia. Negarlo sería tan injusto como afirmar que todos los beneficiarios aprovecharon bien la oportunidad. Pero una cosa es reconocer esos beneficios y otra aceptar, sin mayor examen, que el programa ha resuelto el problema del empleo juvenil.
La Secretaría del Trabajo asegura que siete de cada diez egresados encuentran empleo u ocupación productiva. Suena muy bien. El detalle está en esas últimas palabras. Una ocupación productiva no necesariamente significa un empleo formal, con salario, prestaciones y seguridad social. Vender mercancía por cuenta propia es una actividad respetable, pero no equivale a haber conseguido un puesto de trabajo estable.
Por eso la pregunta no debería ser solamente cuántos jóvenes recibieron una beca, sino qué fue de ellos después. ¿Los contrataron? ¿Cuánto duraron en el empleo? ¿Mejoraron sus ingresos? ¿Siguen trabajando un año después?
Hay estudios que encuentran resultados positivos y otros menos alentadores. No todos miden lo mismo. Precisamente por eso necesitamos evaluaciones que permitan conocer, sin confusiones, qué parte del avance se debe a la capacitación y qué parte habría ocurrido de cualquier manera.
También hay que voltear a ver a las empresas. El gobierno paga la beca y el centro de trabajo debe enseñar. Ese es el trato. No se vale sustituir empleados con aprendices ni aprovechar a los muchachos como mano de obra gratuita. Las propias reglas del programa lo prohíben.
Y aquí asoma un problema laboral interesante. Si el joven recibe verdadera capacitación, estamos ante el propósito del programa. Pero si se presenta todos los días a cubrir un puesto, cumple órdenes y realiza el trabajo ordinario de un empleado, sin que nadie le enseñe nada, no basta llamarlo “becario” para dar por resuelto el asunto. En derecho laboral cuentan los hechos, no solamente los nombres que ponemos en los papeles.
Desde luego, tampoco sería correcto sospechar de todos los empresarios participantes. Muchos dedican tiempo, paciencia y recursos a formar jóvenes, y algunos terminan contratándolos. A esos habría que reconocerlos. Lo que necesitamos es distinguir la capacitación auténtica de la simulación.
Ahora bien, sería ingenuo pensar que un programa de becas, por sí solo, puede crear los empleos que la economía no genera. Preparar mejor a los jóvenes ayuda; pero alguien tiene que invertir, abrir negocios, ampliar talleres y contratar personal. Sin crecimiento y sin empresas productivas, el muchacho sale capacitado y se encuentra con la misma puerta cerrada.
¿Y la política? Claro que el programa se convirtió en una bandera de gobierno. No hay nada extraño en que una administración presuma sus programas sociales. El problema comienza cuando el número de becas entregadas se presenta como prueba suficiente de éxito. Gastar dinero público no es, por sí mismo, alcanzar un objetivo.
Yo no diría que fue dinero tirado a la basura ni que todo se redujo a propaganda. Hubo beneficios reales. Pero tampoco encuentro razones para dar por demostrado que se consiguió el resultado que más importa: que los jóvenes puedan mantenerse, con dignidad y de manera estable, gracias a su trabajo.
Después de varios años, el gobierno debería estar en condiciones de mostrar ese resultado con claridad. Y si no es el esperado, corregir lo que haga falta. Evaluar una política pública no significa atacarla; significa tomar en serio a quienes pretende ayudar.
Al final, el éxito no consiste en que un joven deje de ser “nini” mientras cobra una beca. Consiste en que, cuando la beca termine, tenga un camino propio y no necesite otra para ganarse la vida.
¿Usted qué opina? ¡Se vale replicar!
con información de Infobae
