Mexicali, Baja California, 6 de octubre de 2026.– El Pleno del Congreso de Baja California aprobó el Dictamen 110 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se reforma la Constitución Política del Estado para fortalecer el derecho de las personas a acceder y disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
La reforma deriva de la iniciativa presentada por el diputado Jaime Cantón Rocha, que plantea incorporar al marco constitucional elementos que permiten definir las condiciones de una vivienda adecuada, entre ellos habitabilidad, acceso a servicios públicos, ubicación, seguridad jurídica y pertinencia cultural, en concordancia con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Durante la exposición de motivos, el legislador planteó la necesidad de actualizar el marco constitucional ante los retos que enfrenta Baja California en materia de vivienda, con el propósito de ampliar las facultades y responsabilidades del Estado para atender esta demanda social.
Como parte del diagnóstico considerado en la iniciativa, se señala que el Programa Estatal de Vivienda de Baja California 2022-2027 identifica un rezago habitacional del 42 por ciento, situación que plantea la necesidad de generar condiciones para ampliar el acceso a viviendas adecuadas, particularmente para sectores en situación de vulnerabilidad.
Con la reforma aprobada, las políticas públicas en materia de vivienda deberán considerar de manera prioritaria a personas con bajos ingresos económicos, así como a grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, se establece que el Estado deberá contar con mecanismos para impedir la especulación del suelo y la vivienda cuando ésta afecte el interés público.
El nuevo marco constitucional también reconoce el derecho de toda persona a adquirir una vivienda adecuada, por lo que el Estado y los municipios deberán impulsar instrumentos, políticas públicas y apoyos relacionados con el diseño, inversión, construcción, rehabilitación, conservación, financiamiento y adquisición de vivienda.
Estas acciones contemplan la participación de los sectores privado y social, con el objetivo de ampliar las alternativas para atender las necesidades habitacionales de la población.
La reforma también plantea favorecer el desarrollo de viviendas ubicadas en zonas que cuenten con infraestructura, servicios, accesibilidad y condiciones que permitan una movilidad urbana sustentable.
