El legislador pidió a Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía Estatal informar sobre las acciones para combatir la extorsión; señaló que la cifra negra supera el 97%
Mexicali, B.C.— El diputado Diego Echevarría Ibarra presentó ante el Congreso de Baja California un exhorto dirigido a las autoridades estatales de seguridad y procuración de justicia para que informen sobre las estrategias y resultados obtenidos en el combate a la extorsión, particularmente en la modalidad conocida como “cobro de piso”.
Durante su intervención, el legislador del PAN sostuvo que esta práctica representa uno de los principales problemas de seguridad para comerciantes y empresarios del estado, al señalar que las exigencias de pago bajo amenazas afectan tanto a pequeños negocios como a empresas de distintos sectores productivos.
Echevarría Ibarra citó cifras que atribuyó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según las cuales la extorsión registra en Baja California una tasa superior a 5 mil casos por cada 100 mil habitantes. También afirmó que la cifra negra de este delito supera el 97%, situación que relacionó con el temor de las víctimas a sufrir represalias y con la desconfianza para presentar denuncias ante las autoridades.
“El cobro de piso opera como un auténtico impuesto criminal, cobrado bajo violencia directa, amenazas de muerte, quema de establecimientos y ataques armados”, afirmó el diputado durante la presentación del exhorto.
El legislador señaló que existen reportes de afectaciones en distintos municipios. Mencionó que en Tijuana pequeños comercios, taquerías y establecimientos dedicados a la venta de autopartes usadas han enfrentado amenazas y agresiones, mientras que en Ensenada y San Quintín refirió casos relacionados con los sectores pesquero y gastronómico.
En el caso de Mexicali, Echevarría Ibarra señaló que comerciantes y propietarios de bazares han denunciado amenazas escritas y exigencias periódicas de dinero, presuntamente bajo advertencias de ejercer violencia contra ellos o sus familias.
También hizo referencia a señalamientos de organismos empresariales, entre ellos CANACO y CANIRAC, sobre el impacto que la inseguridad y la presencia de grupos criminales pueden generar en la operación de establecimientos, así como en la inversión y el arrendamiento de locales comerciales.
El exhorto solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez, y a la titular de la Fiscalía General del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, presentar un informe detallado sobre las acciones implementadas para prevenir, investigar y sancionar la extorsión en su modalidad de “cobro de piso”, además de los resultados obtenidos.
La propuesta fue respaldada por las diputaciones presentes en la sesión. De acuerdo con el planteamiento presentado, el objetivo es conocer las medidas que están aplicando las autoridades frente a esta modalidad delictiva y sus efectos sobre comercios, inversiones y familias en Baja California.
