Gobierno de México aún espera pago pendiente de García Luna y va por más propiedades de la familia Weinberg
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que esos recursos se destinarán a escuelas en la Montaña de Guerrero, mientras la UIF avanza en la localización de más bienes
La Unidad de Inteligencia Financiera aún espera el cobro de un pago pendiente de Genaro García Luna y avanza en la identificación de más propiedades de la familia Weinberg en cualquier parte del mundo. Así lo confirmó este viernes Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde expuso la red de desvío del exsecretario de Seguridad Pública y el lavado de dinero que operó junto a sus socios Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto.
El gobierno mexicano ya recuperó más de USD 5,8 millones de activos ligados a la familia Weinberg, señalada como prestanombres de García Luna en una trama de contratos públicos inflados o nunca entregados entre 2012 y 2018.La
Sin embargo, el funcionario precisó que la UIF continúa su trabajo con otras dependencias del Estado mexicano para localizar bienes y cuentas de la familia Weinberg en cualquier parte del mundo. El objetivo es extinguirlos y venderlos para que los recursos pasen al erario público.
“Ya tenemos algunas identificadas que próximamente daremos a conocer cuando logremos que se puedan vender estas propiedades”, afirmó ante los medios de comunicación.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en Palacio Nacional en la Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel
Pese a que el Secretario no precisó en qué países o en qué tipo de activos se concentran esos bienes adicionales, sí dejó claro que los hallazgos se harán públicos en cuanto se concrete la posibilidad de venta.
Bajo este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el dinero recuperado se destinará a escuelas de educación media superior y superior en la Montaña de Guerrero, una de las regiones con mayores carencias del país.
“Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en la Montaña de Guerrero”, dijo la mandataria. Precisó que el monto disponible para esa inversión ronda los 100 millones de pesos, equivalente a los USD 5,8 millones recuperados al tipo de cambio actual.
La mandataria explicó que el gobierno trabaja para que esos recursos lleguen a las zonas de mayor necesidad del país. No fijó una fecha concreta para el inicio de las obras o los programas educativos.
Cabe recordar que el dinero del erario públicofluyó durante años hacia cuentas en Barbados, Israel, Chipre y siete países más, triangulado a través de al menos 80 empresas constituidas en distintas jurisdicciones. Detrás del entramado estaba Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública que hoy cumple condena en Estados Unidos. Pero el daño que dejó fuera de ese proceso penal acaba de encontrar un nuevo frente judicial: la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió este agosto la vía para que el Estado mexicano persiga también a los exfuncionarios que lo acompañaron dentro del gobierno.
El caso abarca dos décadas de operaciones. La primera, entre 2006 y 2012, cuando García Luna encabezó la Secretaría de Seguridad Pública bajo el gobierno de Felipe Calderón y —según los testimonios presentados en su juicio en Estados Unidos— recibió sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección. La segunda, que ese proceso penal no tocó, se extendió de 2012 a 2018: ya como particular, el exfuncionario construyó una red de empresas con la que presuntamente defraudó al erario a través de contratos de seguridad y tecnología que nunca se cumplieron o se facturaron muy por encima de su valor real.
El clan Weinberg: 30 contratos y 80 empresas en varios países
El eje operativo de esa segunda etapa fue la familia Weinberg. Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto encabezaron un entramado de al menos 80 empresas registradas en Panamá, México y Estados Unidos, muchas con domicilios compartidos. Reportes periodísticos ubican el inicio de la relación entre Mauricio Weinberg y García Luna en los años 80.
A través de ese grupo, el exsecretario obtuvo entre 2009 y 2018 30 contratos con la extinta Policía Federal, el CISEN, el OADPRS y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por un monto superior a USD 727,9 millones y 528 millones de pesos. De esa cifra, se llegaron a pagar efectivamente USD 625,2 millones y 93,9 millones de pesos.
Las empresas contratistas del grupo fueron Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. y Nice Systems Ltd. Una cuarta firma, GLAC, aparece señalada como propiedad del propio García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, y recibió más de 26,6 millones de pesos de la Procuraduría capitalina.
Cómo se movió el dinero: Barbados, Israel y 109 beneficiarios en México
Los ingresos de las empresas Weinberg se depositaron en cuentas en Barbados —USD 449,6 millones—, Israel —USD 69,1 millones— y México —USD 106,4 millones—. Las firmas Nunvav estaban constituidas en Panamá y nunca pagaron impuestos en ningún país, según expuso el extitular de la UIF, Pablo Gómez, en octubre de 2024.
De julio de 2013 a enero de 2020, Nunvav Inc. transfirió desde México más de 528 millones de pesos y cerca de USD 28,5 millones a diez países: Barbados, Israel, Estados Unidos, Chipre, Curazao, Panamá, Letonia, China, Alemania y Reino Unido. La mayor parte fue a Barbados entre 2013 y 2016.
El dinero regresó triangulado. Entre enero de 2012 y abril de 2020, el grupo repatrió USD 189,8 millones desde cuentas en Barbados a 109 beneficiarios en México: 82 personas morales recibieron USD 182,5 millones y 27 personas físicas recibieron USD 7,3 millones. Muchas de esas empresas fueron identificadas por el SAT como factureras.
FILE PHOTO: Mexico’s Public Security Minister Genaro Garcia Luna attends a meeting with the Human Rights commission at the Senate in Mexico City November 29, 2012. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA
Jonathan Alexis Weinberg, quien participó en 30 empresas del grupo y es señalado como el arquitecto del tejido societario, fue detenido el 31 de diciembre de 2023 a las 4:15 horas en Madrid, España. De nacionalidad mexicana y portador de pasaporte polaco, quedó sujeto a un proceso de extradición. En enero de 2024 obtuvo libertad condicional y hasta la fecha no ha sido enviado a México.
Las sentencias en Miami y el dinero que aún no se cobra
En mayo de 2026, un tribunal de Florida condenó a los integrantes del Grupo Weinbergy a sus empresas al pago de USD 578,5 millones al Estado mexicano por reparación del daño patrimonial. La sentencia forma parte de un acuerdo que obliga a los condenados a entregar activos en distintas jurisdicciones para aplicarlos al pago parcial de esa cifra.
Ese fallo se suma a las condenas dictadas en mayo de 2025 contra García Luna y su cónyuge, por un monto superior a USD 2.448 millones. El total de sentencias obtenidas a favor del Estado mexicano supera así los USD 3.067 millones.
De esa cifra global, solo se han materializado USD 5,8 millones. El resto —incluyendo los USD 578,5 millones ordenados a los Weinberg— permanece pendiente de cobro efectivo. La UIF indicó que dará seguimiento a la ejecución del acuerdo en coordinación con las autoridades competentes.
Mexico’s former Public Security Minister Genaro Garcia Luna blows a kiss to wife and family seated in the audience, upon entering courtroom where he was sentenced to more than 38 years in U.S. prison for accepting bribes from the drug cartels he was supposed to fight, in Brooklyn federal court in New York City, U.S., October 16, 2024 in this courtroom sketch. REUTERS/Jane Rosenberg
La SCJN y los 16 exfuncionarios que aún no han sido juzgados
El frente más reciente se abrió el 20 de agosto de 2026, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, por siete votos contra dos, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sí tiene legitimación para promover un amparo directo en defensa de recursos públicos de su presupuesto.
El fallo revocó el criterio de un Tribunal Colegiado que había cerrado esa vía y ordenó devolver el expediente para que se resuelva el fondo del amparo. El proyecto fue presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien sostuvo en sesión que “los recursos comprometidos en las contrataciones investigadas son recursos federales cuya gestión correspondía a la Secretaría en representación de la Federación, de modo que la conducta imputada sí produjo una afectación patrimonial directa”.
El caso de fondo involucra a 16 exservidores públicos acusados de irregularidades en contratos para la construcción y operación de ocho centros penitenciarios entre 2010 y 2011. La Fiscalía General de la República sostuvo que esos funcionarios, encabezados por García Luna, diseñaron un proceso de adjudicación directa para contratar servicios penitenciarios, y que 76 convenios modificatorios permitieron mantener vigentes esas contrataciones pese a las irregularidades detectadas.
Un juez de control había rechazado vincularlos a proceso por considerar que los hechos estaban prescritos. La Corte rechazó esa interpretación y precisó que la prescripción debe analizarse a la luz de la posible afectación al patrimonio federal. El daño estimado en esos contratos penitenciarios supera los 5 mil millones de pesos.
FILE PHOTO: Former Mexican security secretary Genaro Garcia Luna sits in Brooklyn federal court on drug trafficking charges during jury selection in New York, U.S., January 17, 2023 in this courtroom sketch. REUTERS/Jane Rosenberg/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA
Lo que sigue: más bienes por identificar y un proceso penal reabierto
La recuperación de USD 5,8 millones representa una fracción mínima del daño total calculado. El gobierno mexicano mantiene abiertas las acciones legales para hacer efectivas las sentencias ya dictadas y para incorporar los nuevos bienes que la UIF tiene en proceso de identificación.
Con la resolución de la Suprema Corte, el Estado obtiene además una herramienta procesal que no existía: la posibilidad de que una secretaría litigue directamente en amparo para defender su presupuesto. Eso amplía el alcance potencial de las acciones contra los exfuncionarios que operaron junto a García Luna dentro del aparato del gobierno, un capítulo que las condenas en Estados Unidos dejaron sin resolver.
con información de infobae
