Matrimonios infantiles en México persisten pese avance legal: 19% de las adolescentes indígenas se casan antes de los 18 años
El sur y norte del país concentran las tasas más altas de uniones infantiles indígenas
Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados continúan siendo una realidad que vulnera los derechos de niñas y adolescentes en México, principalmente de origen indígena, a pesar de los importantes avances legales, que incluyen una estrategia del gobierno federal enfocada en 50 municipiosprioritarios a nivel nacional.
El análisis de los microdatos censales de 2020, procesados por la CEPAL y CELADE, revela que en el país 3.4% de las mujeres de entre 12 y 17 años estaban unidas al momento del censo, superando ampliamente la incidencia de matrimonios formales, que son prácticamente inexistentes a esa edad.
Esta realidad afecta desproporcionadamente a las niñas, toda vez que las prevalencias entre mujeres adolescentes superan por mucho a las observadas entre los hombres de la misma edad.
Seis estados son focos rojos
La información territorial muestra focos especialmente preocupantes: en estados como Nayarit, la prevalencia de uniones en niñas y adolescentes indígenas alcanza entre 9.0% y 19.3%, y se mantiene elevada en entidades como Sonora, Chihuahua, Chiapas, Tabasco, Guerrero y Michoacán.
Por contraste, la prevalencia es notablemente menor en el centro del país, Tamaulipas y Ciudad de México.
Entre la población afrodescendiente, los niveles más altos se encuentran en Chiapas y Quintana Roo, aunque estos datos deben interpretarse con precaución debido al bajo número de casos absolutos detectados en el censo para este grupo. 
La violencia sexual sigue siendo una de las principales causas vinculadas al embarazo adolescente. (FOTO: Criterio hn)
La comparación con niñas y adolescentes no indígenas ni afrodescendientes muestra prevalencias bajas en la mayor parte del territorio nacional, salvo en Guerrero.
Estos patrones evidencian que la pertenencia étnico-racial y el territorio están profundamente conectados con la persistencia de los matrimonios y uniones infantiles en México.
El análisis por condición étnico-racial confirma que el fenómeno afecta con más fuerza a la población indígena del país.
De acuerdo con los microdatos censales, el 19% de las adolescentes indígenas se encontraba casada o unida antes de cumplir los 18 años, cifra que contrasta con los porcentajes de afrodescendientes (4.3%) y no indígenas ni afrodescendientes (5.4%) dentro de ese mismo rango etario.
En términos de cifra absoluta, 174,987 niñas y adolescentes indígenas de 12 a 17 años se reportaron alguna vez unidas/casadas en el censo 2020, así como 4,682 afrodescendientes y 65,763 del resto de la población.
Estas diferencias no son atribuibles exclusivamente a factores “culturales”, sino que reflejan desigualdades estructurales históricas vinculadas a pobreza, exclusión educativa, barreras geográficas y falta de acceso a servicios públicos y protección social.
Vínculo entre las uniones tempranas, maternidad adolescente y desigualdad estructural
Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados en México están profundamente vinculados con el embarazo adolescente y con la reproducción de escenarios de desigualdad.
La evidencia censal de 2020 revela que más de la mitad de las adolescentes unidas ya son madres antes de los 18 años, mientras que la maternidad entre adolescentes solteras es baja (1.1%), mostrando que la trayectoria de unión conyugal temprana suele estar asociada a la maternidad precoz. 
Guatemala contabiliza 357 partos en niñas de 10 a 14 años durante los primeros dos meses de 2026, según datos de OSAR y RENAP. (Cortesía: World Bank Blogs)
Este patrón se intensifica en el caso de adolescentes separadas, entre quienes la proporción de madres también es muy elevada, situando a este grupo en una situación de riesgo incrementado frente apobreza, sobrecarga de cuidados y abandono escolar.
La interrupción de las trayectorias educativas es una consecuencia directa y estructural de esta práctica: únicamente el 23% de las niñas y adolescentes alguna vez unidas entre 12 y 17 años asiste a la escuela, frente al 90% de sus pares solteras.
Además, el 61% de este grupo no estudia ni trabaja remuneradamente —comparado con solo el 7% en el caso de las adolescentes solteras—, lo que perpetúa un círculo intergeneracional de pobreza y limita la autonomía económica y social de las jóvenes.
Estos datos evidencian que los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados refuerzan la división sexual del trabajo: entre quienes no estudian ni trabajan, el 90% de las adolescentes unidas declara dedicarse exclusivamente al trabajo no remunerado en el hogar.
Así, estas prácticas se consolidan como mecanismo de reproducción de los principales nudos estructurales de la desigualdad de género en México: restricción de la autonomía física y económica, sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados, exposición a violencia de género y exclusión de la participación social y cívica.
A pesar de la prohibición legal del matrimonio infantil sin excepciones, la persistencia de estos patrones demuestra que el desafío no es solo normativo, sino estructural y requiere políticas públicas integrales, diferenciales y con enfoque de derechos, género, interculturalidad y territorialidad —como las comisiones interinstitucionales establecidas en Oaxaca y otras entidades— para erradicar de manera efectiva una práctica que continúa condicionando el presente y futuro de miles de niñas y adolescentes mexicanas.
con informacion de Infobae
