Diputado Diego Echevarría presenta la “Ley Vicente” para fortalecer la protección de niñas y niños en Baja California
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 7 DE AGOSTO DE 2026.- Con el objetivo de fortalecer el marco jurídico de protección a la infancia y establecer criterios claros para garantizar su seguridad y desarrollo, el diputado Diego Echevarría Ibarra presentó la iniciativa denominada “Ley Vicente”, mediante la cual propone modificaciones y adiciones al Código Civil y al Código Penal de Baja California.
La propuesta busca actualizar los criterios aplicables en materia de justicia familiar y penal, así como atender posibles vacíos legales que puedan poner en riesgo a niñas, niños y adolescentes. Entre sus planteamientos se encuentran criterios de coparentalidad, neutralidad de género, idoneidad parental y nuevas disposiciones para sancionar conductas que representen formas de violencia contra la infancia.
Durante la presentación, el legislador del PAN explicó que la iniciativa lleva el nombre de “Ley Vicente” en memoria de un caso ocurrido en Mexicali, en el que un niño de tres años perdió la vida luego de encontrarse presuntamente en condiciones de riesgo.
“No se puede permitir que las custodias se definan por inercia o roles de género; por ello es necesario establecer parámetros objetivos para garantizar que las niñas y niños estén siempre en un entorno seguro”, señaló.
En materia de justicia familiar, la propuesta plantea reconocer de manera expresa el derecho a la coparentalidad, con el propósito de garantizar que hijas e hijos puedan recibir cuidados de ambos progenitores de manera equitativa.
Asimismo, propone establecer la custodia compartida como una presunción legal inicial, siempre sujeta a criterios de idoneidad parental relacionados con factores como estabilidad emocional, salud mental y ausencia de conductas que representen un riesgo para las personas menores de edad.
La iniciativa también contempla que las autoridades realicen evaluaciones clínicas y psicológicas de manera oportuna. Además, plantea reconocer dictámenes particulares emitidos por especialistas certificados, con la finalidad de agilizar los procedimientos y evitar retrasos que puedan afectar el bienestar de niñas y niños.
Otro de los aspectos considerados es la ampliación de las causales para la pérdida o suspensión de la patria potestad, incorporando supuestos como negligencia grave, adicciones, violencia vicaria, alienación parental y violencia digital.
En materia penal, la propuesta contempla un endurecimiento de las sanciones relacionadas con conductas que pongan en peligro a personas menores de edad. Entre ellas se plantea sancionar la omisión de auxilio y la exposición a peligro derivada de condiciones climáticas, aun cuando no se produzca un daño material; en caso de que exista una afectación, podría configurarse homicidio o lesiones por omisión, conforme a los términos planteados en la iniciativa.
De igual manera, se propone incorporar la figura de violencia vicaria como un delito perseguible de oficio y no sujeto a mediación, además de establecer circunstancias agravantes que podrían derivar en la pérdida de la patria potestad.
La propuesta también contempla aumentar las sanciones por falsedad dentro de procedimientos familiares, particularmente cuando se utilice información falsa con la intención de obtener beneficios indebidos relacionados con custodias o regímenes de convivencia.
Finalmente, plantea sancionar la fabricación, alteración o manipulación de pruebas destinadas a simular situaciones de violencia familiar o de género, con el propósito de evitar que procedimientos judiciales sean utilizados de manera indebida y proteger los vínculos familiares cuando no exista una causa legítima para restringirlos.
“La ‘Ley Vicente’ constituye una reforma integral que cierra espacios de abuso, fortalece la confianza en las instituciones y asegura que el sistema de justicia actúe con neutralidad, objetividad y firmeza, siempre con el propósito de proteger la infancia”, afirmó el diputado Diego Echevarría Ibarra.