Por Manuel Cárdenas
Vivimos tiempos extraños. Cada vez parece más fácil condenar que comprender, más sencillo
compartir un rumor que esperar una investigación y más cómodo dictar sentencia desde un
teléfono celular que respetar los principios que sostienen una democracia.
Por eso quiero invitarte a hacer un ejercicio.
Imagina por un momento esta escena:
Tu hija se llama Ana. Tiene ocho años. Todos los fines de semana cruza a la casa de al lado
para jugar con las hijas del vecino. Comen pizza, ven películas, hacen la tarea y pasan la tarde
como cualquier par de niñas.
Un día, el vecino toca a tu puerta.
Con gesto serio te dice:
—Ana hizo algo muy grave.
Naturalmente preguntas qué ocurrió.
—¿Qué hizo?
—No puedo decirte.
—¿Quién la acusa?
—No puedo decirte.
—¿Hay pruebas?
—No puedo mostrártelas.
—¿Entonces cómo sabes que hizo algo tan grave?
—Porque la estoy investigando.
Antes de despedirse agrega:
—Por lo pronto, he decidido que ya no vuelva a entrar a mi casa.
Y, siendo honestos, está en su derecho.
Es su casa.
Él decide quién entra y quién no.
Pero cuando parece que la conversación terminó, vuelve a cruzar la barda y te dice algo más:
—Ahora te toca a ti castigarla.
Ana escucha la conversación. Confundida, le pregunta a su amiga qué pasó. Ella tampoco
sabe. Su papá no le ha explicado nada.
Sin embargo, la noticia comienza a correr.Sus hermanos empiezan a verla diferente.
Los familiares murmuran.
Los vecinos comentan.
Y poco a poco todos llegan a la misma conclusión:
“Si el vecino ya no la deja entrar a su casa, seguramente hizo algo terrible.
”
Días después, el vecino vuelve a tocar tu puerta.
—¿Ya la castigaste?
Déjame hacerte una pregunta.
¿Lo harías?
¿Castigarías a Ana únicamente porque alguien tomó una decisión sobre ella, sin decirte
exactamente qué hizo, sin mostrarte pruebas y sin darle la oportunidad de defenderse?
Probablemente no.
Porque sabes que una cosa es respetar el derecho del vecino para decidir quién entra a su
casa y otra muy distinta permitir que él decida cómo debe actuar tu familia.
Traigo esta historia porque, guardando todas las proporciones, me parece una buena forma de
entender el debate que hoy vive nuestro país.
En las últimas semanas mucho se ha hablado de la Gobernadora.
La oposición está concentrada en las opiniones, rumores, supuestas filtraciones, audios,
acusaciones, miles de publicaciones en redes sociales, y con esto, una extraño interés de la
oposición que no duda ni tantito en aprovechar la oportunidad al no tener herramientas,
propuestas o simplemente la simpatía del pueblo.
Pero entre tanto ruido conviene detenernos un momento y preguntarnos: ¿Qué sabemos
realmente?
Sabemos que el gobierno de Estados Unidos revocó su visa. Ese es un hecho público e incluso
afirmado por la misma Gobernadora.
Lo que no conocemos son las razones oficiales de esa decisión, porque el propio gobierno
estadounidense no las ha hecho públicas ¿Por qué? Tal vez conviene más la zozobra política a
manera de presión externa.
Y aquí es donde debemos cuidar las diferencias jurídicas. Una visa es un permiso migratorio.
Cada Estado tiene el derecho soberano de decidir quién puede ingresar a su territorio y quién
no. Esa facultad existe y nadie la discute.
Lo que no podemos hacer es convertir automáticamente una decisión migratoria en una
sentencia penal, política o incluso moral, dentro de México.
Porque una visa no es una condena judicial. No sustituye una investigación ministerial. No
reemplaza el trabajo de una fiscalía. No equivale a una sentencia emitida por un juez y
tampoco convierte, por sí sola, a una persona en culpable de un delito.
Cuando aceptamos que basta un señalamiento o una decisión administrativa de otro gobierno
para destruir la presunción de inocencia en otro país, todos perdemos una garantía que
mañana podría protegernos a cualquiera.
Hoy el debate gira alrededor de una gobernadora, mañana podría tratarse de un empresario,
un periodista, de un activista, de un opositor o de cualquier ciudadano.Los principios no existen para proteger únicamente a quienes piensan como nosotros. Existen
precisamente para proteger a todos, incluso cuando no coincidimos con ellos.
La historia de México ha sido una lucha permanente por defender su capacidad para decidir su
propio destino. Desde la Independencia hasta la Reforma encabezada por Benito Juárez,
pasando por la defensa de nuestros recursos estratégicos y de nuestra autodeterminación, una
idea ha permanecido intacta:
Los asuntos públicos de México deben resolverse conforme a las leyes mexicanas y por
las instituciones mexicanas.
Eso no significa aislarnos del mundo, no significa negar la cooperación internacional, y mucho
menos significa otorgar impunidad.
Significa algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más importante, que las
responsabilidades se acrediten con pruebas. Que las investigaciones respeten el debido
proceso. Y que las condenas las dicten los tribunales competentes, no los rumores, las
filtraciones o las redes sociales. Y aquí muchos referirán el caso Ruffo Appel, pero debo decir
lector que si estás tratando de imponer el típico “unas por otras” no buscas justicia, sino
venganza, por eso los jueces deben ser imparciales, en este último caso, si existe una
investigación y si existen pruebas, pese a ello, hay que esperar a las resultas.
¿Recuerdan cuando Estados Unidos decidió aislar económicamente a Cuba argumentando
razones políticas y de seguridad?
Más allá de la opinión que cada quien tenga sobre el gobierno cubano, quienes terminaron
pagando buena parte del costo fueron millones de ciudadanos comunes.
La historia demuestra que las decisiones políticas tomadas por gobiernos extranjeros pueden
tener consecuencias profundas sobre otros pueblos.
Precisamente por eso debemos ser cuidadosos antes de convertir cualquier decisión externa
en una verdad absoluta dentro de nuestro propio país.
Porque una democracia madura no condena por especulaciones, no se absuelve por simpatías,
condena cuando existen pruebas y absuelve cuando esas pruebas no son suficientes para
destruir la presunción de inocencia.
Ese debería ser el estándar para cualquier persona, sin importar el partido político al que
pertenezca, porque hoy pueden públicamente señalar a un gobernador o una gobernadora,
pero mañana podría llamarse de cualquier otra forma, el tema aquí es el tipo de país que
queremos construir.
Uno donde las sentencias las dicten las instituciones o uno donde baste el señalamiento de
alguien más para que nosotros mismos crucemos la barda de nuestra propia justicia.
Yo sigo creyendo en el primer México. Un México donde el debido proceso no sea una
concesión, sino una convicción. Porque defender el Estado de derecho siempre será defender
la soberania, defender la República.
Y tú, ¿Qué piensas? Mándame tu opinión a mis redes sociales @crmanuel.
Les mando un abrazo.
Manuel Cárdenas