Diputada Santa Alejandrina Corral solicita acciones para agilizar la identificación de personas desaparecidas en Baja California

Mexicali, Baja California, 26 de julio de 2026.– La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó un exhorto para que la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial de Baja California informen al Congreso sobre las necesidades operativas, técnicas, científicas y presupuestales que enfrentan para fortalecer los procesos de identificación humana y reducir el rezago de cuerpos y restos sin identificar.
La legisladora planteó que ambas instituciones entreguen la información en un plazo no mayor a 30 días naturales, con el propósito de que el Congreso cuente con los elementos necesarios para impulsar reformas y medidas que fortalezcan las capacidades del Estado en la atención de personas desaparecidas y sus familias.
En la exposición de motivos, Corral Quintero señaló que en diversas entidades del país se han documentado casos en los que personas reportadas como desaparecidas permanecieron durante años bajo resguardo institucional sin ser identificadas, situación que evidenció deficiencias en los procesos forenses y prolongó la incertidumbre de sus familiares.
La diputada destacó que el tema adquiere especial relevancia en Baja California tras el reciente hallazgo de al menos 44 cuerpos y restos humanos en fosas clandestinas ubicadas en la zona de Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali, lo que, afirmó, refleja la magnitud del reto que enfrentan las autoridades para procesar, analizar e identificar restos humanos.
Asimismo, recordó que el Congreso del Estado ya había aprobado previamente un exhorto para conocer el número de cuerpos sin identificar, el avance de las confrontas genéticas y las acciones implementadas para fortalecer los procesos de identificación; sin embargo, indicó que dicha solicitud no fue atendida en los términos requeridos.
El nuevo exhorto solicita a la Fiscalía y al Poder Judicial un informe detallado sobre las necesidades de contratación y capacitación de especialistas en medicina, genética, antropología, odontología y criminalística forense, así como los requerimientos de infraestructura, laboratorios, tecnología, recursos presupuestales y posibles reformas legales que permitan mejorar la capacidad institucional en esta materia.