Almoloya de Juárez, Estado de México, 22/07/26 (Más).- La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega determinó que la audiencia en la que se definirá la situación jurídica del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otros siete imputados por presuntos delitos relacionados con hidrocarburos, delincuencia organizada y contrabando, se lleve a cabo sin acceso para medios de comunicación ni público.
De acuerdo con información publicada por el portal Literal México, la juzgadora, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, resolvió mantener bajo reserva el procedimiento luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó que la diligencia fuera privada al argumentar que el expediente involucra temas de seguridad nacional y datos personales sujetos a confidencialidad.
La audiencia fue programada para iniciar a las 17:00 horas de este martes; sin embargo, el comienzo se retrasó debido a que no todos los abogados defensores se habían conectado mediante el sistema de videoconferencia implementado para el desarrollo del procedimiento.
La resolución judicial definirá si Ernesto Ruffo Appel y los demás imputados son vinculados a proceso por presuntos delitos en materia de hidrocarburos, delincuencia organizada y contrabando. Los dos primeros ilícitos contemplan la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que la decisión tendrá efectos directos sobre la situación jurídica de la mayoría de los acusados.
Además del exmandatario bajacaliforniano, la jueza deberá resolver la situación de Ricardo Thompson Navarro, uno de los propietarios de Servicios Portuarios S.A. de C.V.; José Merino Valdés Cuervo, representante de Dragados y Puertos S.R.L. de C.V. y de Servicios Portuarios S.A. de C.V.; el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez; su dependiente autorizado Luis Antonio Barrientos Juárez; Adriana Magali Bárcenas Guillén, representante de Logística Ferroviaria Fargo S.A. de C.V.; así como José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, accionistas de Internacional de Fundentes S.A. de C.V., empresa con domicilio en Saltillo, Coahuila.
Los primeros cinco imputados, incluido Ruffo Appel, permanecen internos en el penal federal del Altiplano, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl Sur.
En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentan el proceso bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria.
La reserva del procedimiento también se aplicó durante la audiencia inicial, celebrada entre la noche del viernes y la mañana del domingo mediante videoconferencia, con una duración aproximada de 32 horas y media y sin acceso para periodistas, observadores o ciudadanos.
Asimismo, el medio señala que el Órgano de Administración Judicial no publicó oportunamente en su agenda electrónica la fecha y hora de la audiencia inicial correspondiente a la causa penal 253/2026. La sesión de este martes fue incorporada al sistema electrónico apenas unas horas antes de su inicio, lo que redujo la posibilidad de seguimiento público del caso.
Las restricciones han generado cuestionamientos debido a que la publicidad de las audiencias constituye uno de los principios del sistema penal acusatorio. Si bien la legislación contempla excepciones por razones de seguridad nacional, protección de datos personales o resguardo de información sensible, especialistas en materia jurídica han señalado que el cierre total de una audiencia requiere una justificación específica y proporcional.
El proceso también ha atraído atención por tratarse de un expediente que involucra a un exgobernador, empresarios, agentes aduanales y compañías relacionadas con actividades portuarias, ferroviarias y comerciales. La resolución que emita la jueza determinará si existen elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal contra los ocho imputados.
Con información de massinformacion
