Proponen acceso prioritario a programas sociales para menores en orfandad por feminicidio
• La iniciativa busca garantizar apoyos automáticos para niñas, niños y adolescentes afectados por feminicidio
• Plantean acceso preferente a becas, atención médica, apoyo psicológico y programas sociales
Mexicali, Baja California, 28 de junio de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, el diputado Jesús Daniel Razo Córdova presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California.
La propuesta contempla garantizar el acceso prioritario, preferente y automático de menores afectados por este tipo de violencia a programas sociales, becas y apoyos operados por el Gobierno del Estado y los ayuntamientos.
Durante la exposición de motivos, el legislador señaló que el feminicidio representa una de las expresiones más graves de violencia de género, debido al impacto social, emocional y económico que genera en las familias, particularmente en hijas e hijos que quedan en condición de vulnerabilidad.
Indicó que niñas, niños y adolescentes que enfrentan la pérdida de sus madres a causa de feminicidio requieren atención inmediata y mecanismos institucionales que les permitan mantener estabilidad educativa, emocional y social.
La iniciativa propone que el acceso a becas educativas, apoyos alimentarios, útiles escolares, transporte, atención médica y acompañamiento psicológico especializado se otorgue de manera automática, evitando procesos burocráticos que dificulten o retrasen la atención a las familias afectadas.
Asimismo, plantea la creación de una “Ruta de Atención a la Orfandad por Feminicidio”, concebida como un mecanismo de respuesta integral para brindar seguimiento y protección a menores afectados por este contexto de violencia.
El diputado destacó que la propuesta no contempla la creación de nuevos programas ni representa impacto presupuestal adicional, sino que busca priorizar dentro de los esquemas existentes a una población considerada altamente vulnerable.
Finalmente, subrayó la importancia de fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes que enfrentan situaciones derivadas de la violencia de género.
