Por Manuel Cárdenas
Hace algunos meses comenzamos a escuchar y ver en titulares de distintos medios de comunicación un concepto que hoy se ha vuelto recurrente en el debate público: el llamado “cártel inmobiliario”.
Dicho sea de paso, es importante precisar que muchos actores políticos han intentado utilizar este término de forma irresponsable y malintencionada, aprovechándose del dolor, la frustración y la incertidumbre de familias que han sido víctimas de despojos, fraudes o conflictos relacionados con su patrimonio. Como si hubieran descubierto el hilo negro, algunos pretenden instalar narrativas alarmistas para relacionar indiscriminadamente a sectores privados, servidores públicos e instituciones enteras, buscando sacar ventaja política de un tema profundamente sensible.
Esto evidencia algo preocupante: una oposición sin causas legítimas ni propuestas reales para el pueblo, desesperada por construir escándalos mediáticos donde no existen, utilizando maquinaria digital, desinformación y campañas de miedo para generar división social. Y lo más grave es que juegan con algo sagrado para cualquier familia trabajadora: su hogar, su tierra y el patrimonio construido con años de esfuerzo.
Para hablar verdaderamente de un “cártel”, deben actualizarse diversos elementos: una estructura organizada, coordinación entre actores, control de mercados o instituciones y beneficios obtenidos mediante prácticas sistemáticas e ilegales. No basta con rumores, publicaciones en redes sociales o especulaciones políticas. Pseudo analistas y actores oportunistas pretenden hacer creer que existe una gran conspiración oscura impulsada desde los gobiernos, tratando de imponer una narrativa inexistente mediante noticias falsas y campañas digitales diseñadas para sembrar miedo y desconfianza.
Eso no fortalece la democracia. No ayuda a las familias. No protege el patrimonio de nadie. Solamente contamina el ambiente social de nuestras ciudades y alimenta la polarización.
Es importante reconocer, con responsabilidad histórica, que en otros estados del país sí se documentaron redes de corrupción inmobiliaria que terminaron siendo investigadas, judicializadas y sancionadas. Existen casos donde funcionarios públicos utilizaron el poder para beneficiar intereses privados, alterar permisos, facilitar desarrollos irregulares o enriquecerse a costa del derecho de las personas a una vivienda digna.
Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, durante administraciones vinculadas al PAN. Ahí no hablamos de rumores ni de especulación política: hablamos de investigaciones oficiales, funcionarios detenidos, procesos judiciales y personas condenadas. Durante años se construyó un modelo de corrupción urbana que privilegió el negocio inmobiliario por encima del bienestar colectivo y del derecho de la ciudadanía a una ciudad ordenada y accesible.
Ese modelo neoliberal de ciudad convirtió la vivienda en mercancía y el territorio en objeto de especulación. Mientras unos cuantos acumulaban riqueza mediante permisos, influencias y desarrollos exclusivos, miles de familias eran desplazadas, aumentaban las rentas y se profundizaba la desigualdad urbana. Esa es precisamente la visión que la Cuarta Transformación busca combatir: la de gobiernos al servicio de intereses privados y no del pueblo.
En contraste, hoy en Baja California existen mecanismos y procedimientos encaminados a fortalecer la certeza jurídica, la regularización de la tierra y la protección patrimonial de las familias. Por supuesto, aún existen retos importantes y áreas que deben mejorar, pero también es cierto que desde hace dos administraciones se ha impulsado una visión distinta sobre el derecho a la vivienda y al territorio.
En los últimos años, Tecate ha comenzado a atraer un interés inmobiliario creciente. Nuevos desarrollos, inversiones, turismo, proyectos campestres, viviendas binacionales y una presión urbana que antes parecía exclusiva de ciudades como Tijuana o Rosarito.
Toda ciudad necesita inversión, infraestructura, empleo y crecimiento económico. Negarlo sería irresponsable. El problema aparece cuando el crecimiento ocurre sin suficiente planeación, sin información clara para la ciudadanía y sin mecanismos que protejan el derecho de las personas a permanecer en su propio territorio.
Porque cuando el valor de la tierra comienza a elevarse aceleradamente, también aparecen fenómenos como la especulación, la incertidumbre y el temor de muchas familias a perder aquello que les pertenece.
Una de las grandes problemáticas en Tecate es que existe un amplio porcentaje de inmuebles en situación irregular. Hay familias con terrenos heredados sin regularizar, personas que habitan propiedades adquiridas mediante contratos privados desde hace décadas y ciudadanos que nunca tuvieron acceso real a procesos claros de escrituración. Por eso son comunes las historias relacionadas con litigios, dobles ventas, fraudes o conflictos de propiedad.
Y aquí debemos ser absolutamente responsables: no podemos afirmar que exista un “cártel inmobiliario” operando en Tecate como una estructura acreditada judicialmente. Hacerlo sin pruebas sería irresponsable y solamente contribuiría a generar miedo social.
Lo que sí podemos reconocer es que México atraviesa una transformación profunda en materia de vivienda, desarrollo urbano y acceso al territorio. Programas impulsados por el gobierno federal, estatal y municipal, como Vivienda para el Bienestar, buscan precisamente romper con décadas de abandono neoliberal que dejaron a millones de familias sin acceso a vivienda digna, sin regularización y sin certeza jurídica.
La defensa de la propiedad debe ser desde una visión profundamente social. Defender la propiedad no significa proteger privilegios de unos cuantos; significa garantizar que una familia trabajadora pueda conservar el fruto de toda una vida de esfuerzo. Significa impedir abusos, especulación y despojos. Significa que el derecho a la ciudad y al territorio no quede subordinado únicamente al dinero o al mercado.
Porque una ciudad no debe construirse solamente para inversionistas. Debe construirse, primero, para quienes la habitan, la trabajan y la aman, proteger al pueblo, darle certeza, evitar abusos y garantizar que el desarrollo jamás pase por encima de la dignidad de las personas.
Una ciudad no vale por cuánto cuesta el metro cuadrado. Vale por la tranquilidad con la que vive su gente, por la comunidad que construye y por la esperanza que puede ofrecerle a las próximas generaciones.
Por eso también es importante decirle a la ciudadanía que no está sola. Si existen dudas sobre una propiedad, problemas de escrituración, conflictos de medidas, sucesiones pendientes o incertidumbre sobre algún inmueble, lo más importante es acercarse a las instituciones, pedir orientación y buscar acompañamiento antes de que los problemas crezcan. Las autoridades tienen la obligación de atender, orientar y ayudar a las familias a encontrar certeza jurídica sobre su patrimonio.
Les mando un abrazo, Manuel Cárdenas.
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