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Congreso exhorta a autoridades de San Quintín a garantizar cobro de predial conforme a la Ley de Ingresos 2026

Mexicali, Baja California | 8 de abril de 2026.– El Congreso del Estado emitió un exhorto dirigido a las autoridades municipales de San Quintín para asegurar que el cobro del impuesto predial se realice en apego a lo establecido en la Ley de Ingresos 2026, ante señalamientos de inconsistencias en los sistemas de recaudación.

La propuesta, impulsada por el diputado Juan Manuel Molina García, plantea la necesidad de realizar ajustes técnicos y operativos en las plataformas municipales, con el objetivo de garantizar certeza jurídica y transparencia en el proceso de pago para los contribuyentes.

El legislador subrayó que las fallas administrativas no deben afectar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, especialmente en un municipio que continúa en proceso de consolidación institucional. Señaló que el cobro de contribuciones debe aplicarse de forma automática conforme a la ley, sin depender de criterios individuales de los recaudadores.

De acuerdo con lo expuesto, la Ley de Ingresos vigente contempla beneficios fiscales y tarifas preferenciales para ciertos casos, como predios ubicados en zonas de preservación ecológica. No obstante, autoridades ejidales, entre ellas representantes de Punta Prieta, han reportado que dichos beneficios no se reflejan correctamente en los sistemas informáticos de la Tesorería Municipal.

Durante los primeros meses del año, estas inconsistencias han obligado a realizar ajustes manuales para aplicar las cuotas correspondientes, situación que podría propiciar discrecionalidad y afectar la transparencia en la recaudación.

Ante este escenario, el exhorto legislativo establece que la Tesorería Municipal y las áreas de recaudación deben implementar de manera inmediata las configuraciones necesarias para asegurar que todos los pagos se efectúen conforme a lo estipulado en la normativa vigente.

Con esta medida, el Congreso busca fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y garantizar un sistema de cobro justo, claro y alineado a la legalidad.