Tipifican la cohabitación forzada en Baja California para proteger a menores y personas vulnerables
Mexicali, B.C..– El Congreso del Estado de Baja California aprobó por unanimidad el Dictamen No. 80 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se reforman y adicionan disposiciones al Código Penal estatal para tipificar el delito de cohabitación forzada de personas.
La medida tiene como objetivo fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, al reconocer como delito prácticas que, aunque en algunos contextos son percibidas como tradicionales, pueden constituir formas de violencia, coerción o explotación.
El dictamen integra iniciativas presentadas por la Red de Mujeres Unidas por Baja California A.C., así como por las diputaciones de Michel Sánchez Allende y Jaime Cantón Rocha, quienes impulsaron esta reforma con el fin de visibilizar y sancionar estas conductas.
Con la aprobación, se incorpora un nuevo capítulo al Código Penal estatal que establece sanciones de ocho a quince años de prisión, además de multas económicas para quienes incurran en el delito de cohabitación forzada. Las penas se incrementarán en casos donde exista parentesco entre la víctima y el agresor, o cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas o afromexicanas.
Durante la discusión, las y los legisladores destacaron que, a pesar de la prohibición del matrimonio infantil en México, persisten uniones informales que reproducen condiciones de desigualdad, afectando el desarrollo integral y el proyecto de vida de las víctimas.
Asimismo, se subrayó que este tipo de conductas no siempre implican violencia física inmediata, sino que pueden manifestarse mediante mecanismos de manipulación, presión o coerción sostenida, lo que hacía necesario cerrar vacíos legales en la materia.
Con esta reforma, el Congreso del Estado avanza en la armonización del marco jurídico local con estándares nacionales e internacionales en derechos humanos, reforzando el principio del interés superior de la niñez y consolidando acciones para prevenir, sancionar y erradicar prácticas que vulneran la dignidad de las personas.