Mexicali, Baja California, 13 de marzo de 2026. — Con el objetivo de fortalecer a las empresas locales y promover el consumo de productos nacionales, el Pleno de la Congreso del Estado de Baja California aprobó una reforma a la Ley de Fomento a la Proveeduría del Estado, impulsada por el diputado de Morena, Ramón Vázquez Valadez.
La modificación legislativa busca respaldar a las empresas de Baja California que obtengan la certificación oficial “Hecho en México”, un distintivo que identifica a los productos fabricados en el país y promueve su calidad y origen, además de fortalecer la presencia de la industria nacional en los mercados.
Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan México, estrategia nacional presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a impulsar el mercado interno, incrementar la producción nacional y consolidar programas de bienestar.
El legislador explicó que la reforma tiene como propósito que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de Baja California puedan posicionar mejor sus productos en el mercado local, diferenciarse de la competencia y facilitar que los consumidores identifiquen aquellos bienes elaborados en el país.
Asimismo, señaló que la medida responde a la realidad económica de la entidad y contribuye al fortalecimiento de la industria nacional, en concordancia con los principios del Humanismo Mexicano y la Economía Moral.
El diputado también destacó que México atraviesa una etapa de transformación económica y social, por lo que es necesario impulsar acciones que fortalezcan la economía nacional y generen oportunidades de desarrollo para las empresas locales.
La reforma fue aprobada por las diputadas y diputados integrantes de la XXV Legislatura con 21 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, como parte del Dictamen No. 2 de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional.
Además de respaldar a las empresas certificadas con el distintivo “Hecho en México”, el dictamen también armoniza la denominación de dependencias con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo e incorpora el uso de lenguaje inclusivo no sexista dentro del marco legal.