Congreso de Baja California exhorta a fortalecer políticas públicas contra la violencia de género

Mexicali, Baja California, 5 de marzo de 2026.– En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Congreso del Estado de Baja California aprobó un exhorto dirigido a los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los siete ayuntamientos del estado, para reforzar las acciones, políticas públicas y recursos con perspectiva de género, con el objetivo de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y avanzar hacia la igualdad sustantiva.
La propuesta fue presentada por la diputada Alejandrina Corral, quien señaló que, si bien en Baja California se han registrado avances en materia normativa e institucional —como la consolidación del principio de paridad en espacios públicos y el fortalecimiento del marco jurídico de derechos humanos—, aún persisten desafíos estructurales que requieren atención prioritaria.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad mantiene índices relevantes de violencia familiar, violencia de pareja y feminicidios, lo que evidencia la necesidad de reforzar las políticas públicas enfocadas en la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.
El exhorto también recuerda que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que incluye el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
Durante su posicionamiento, la legisladora subrayó que la conmemoración del 8 de marzo debe ir más allá de un acto simbólico.
“Que cada decisión pública, cada política implementada y cada recurso asignado reflejen un compromiso real con la dignidad, seguridad y derechos de las mujeres”, expresó.
Entre los puntos resolutivos aprobados se plantea fortalecer programas y acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, así como asignar recursos públicos suficientes con enfoque de igualdad de género para atender problemáticas como la violencia familiar, el abuso y acoso sexual, además de la prevención del feminicidio.
Finalmente, el Congreso reiteró su compromiso de impulsar reformas legislativas y mecanismos de supervisión que garanticen la aplicación efectiva de protocolos de atención, el acceso a la justicia para víctimas de violencia de género y la capacitación permanente de cuerpos policiales y operadores del sistema de justicia con perspectiva de género.