Propone diputada Araceli Geraldo actualizar la Ley de Participación Ciudadana en Baja California
Mexicali, Baja California, 16 de febrero de 2026.– La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Baja California una iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Estado, con el objetivo de armonizar su interpretación con los principios constitucionales vigentes y los estándares contemporáneos de democracia participativa.
En su exposición de motivos, la legisladora señaló que, pese a diversas reformas realizadas al ordenamiento, aún persiste una brecha entre su marco interpretativo y los criterios constitucionales actuales, particularmente en lo referente a la participación informada, la inclusión social y el uso responsable de tecnologías digitales en los procesos participativos.
La iniciativa no modifica el diseño institucional ni los procedimientos establecidos, sino que busca fortalecer la claridad conceptual y la coherencia normativa de la Ley, privilegiando la ampliación efectiva de los derechos de participación ciudadana en armonía con el orden constitucional vigente.
Entre las propuestas destaca la adición del artículo 9 Bis, mediante el cual se establece que las autoridades estatales y municipales deberán promover de manera permanente la educación cívica, la cultura de la participación, la formación en deliberación pública, el uso ético y accesible de tecnologías de la información, así como la inclusión de grupos históricamente discriminados o subrepresentados.
Asimismo, se plantea reforzar las prácticas de Parlamento Abierto mediante la incorporación de criterios como la publicidad previa y accesible de los asuntos legislativos, la generación de espacios de deliberación informada, el registro público de opiniones ciudadanas y la retroalimentación institucional sobre las propuestas recibidas.
De acuerdo con el proyecto, la reforma no implica nuevas cargas presupuestales ni invade competencias municipales o de órganos autónomos, sino que contribuye a consolidar un marco jurídico más claro y acorde con los desafíos democráticos actuales en Baja California.
La propuesta contempla la reforma del artículo 4 y la adición de los artículos 9 Bis y 83 de la Ley, incorporando de manera expresa los principios de derechos humanos, progresividad, máxima participación ciudadana y deliberación democrática como ejes rectores en su interpretación y aplicación.