
• Exhortan al Secretario de Seguridad Omar García Harfuch a declarar a BC como prioridad nacional en materia de seguridad
• El acuerdo aprobado por unanimidad demanda recursos extraordinarios y una estrategia federal para contener la violencia
Mexicali, B.C., sábado 14 de febrero de 2026.– El Congreso del Estado de Baja California, con el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en la XXV Legislatura, aprobó por unanimidad un exhorto dirigido al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, para que atienda de manera inmediata la crisis de violencia que enfrenta la entidad.
La diputada Daylín García Ruvalcaba, proponente del exhorto, advirtió que la situación de seguridad en el estado se ha vuelto alarmante.
“La violencia se ha vuelto constante, visible y profundamente preocupante; hoy la gente camina con miedo en las calles, en las colonias y en su vida cotidiana”, expresó la legisladora.
Indicó que, tan solo en enero, se registraron más de 90 homicidios en Tijuana, mientras que en Mexicali se han presentado ejecuciones múltiples, robos violentos y hallazgos como fosas clandestinas en el ejido Miguel Alemán.
“La magnitud de la crisis de seguridad en Baja California requiere de una respuesta federal clara, firme y visible. Lo que está en juego no es solo una estadística delictiva, sino la tranquilidad y la vida diaria de millones de bajacalifornianos”, enfatizó García Ruvalcaba.
El exhorto solicita al Gobierno Federal declarar a Baja California como prioridad nacional en materia de seguridad, destinar recursos extraordinarios, diseñar un plan específico para la entidad y sostener reuniones directas con los comités ciudadanos de seguridad en los municipios.
“Es momento de que la Federación asuma su responsabilidad y encabece una estrategia que devuelva la confianza y la paz a las familias de Baja California”, subrayó la diputada.
Con este acuerdo, el Congreso local refrenda su postura institucional de exigir acciones coordinadas y contundentes para atender la situación de violencia que afecta a la entidad.