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Congreso de Baja California autoriza financiamiento para inversión productiva y garantizar agua en zona costa

Mexicali, Baja California, 12 de febrero de 2026.– El Congreso del Estado aprobó el Dictamen No. 127 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo estatal gestionar y contratar deuda pública destinada a inversión pública productiva, específicamente para el proyecto de la Desaladora de Rosarito, con el objetivo de garantizar el abasto de agua en la zona costa.

El dictamen fue aprobado con 19 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones. Incluyó una adenda presentada por la diputada Julia Andrea González Quiroz para fortalecer diversos artículos del decreto.

Asimismo, se aprobó una reserva al artículo quinto, presentada por el diputado Juan Manuel Molina, en la que se establece de manera expresa que el servicio de la deuda no tendrá impacto en las tarifas de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Tijuana y Ensenada.

Se precisó que el financiamiento aprobado tendrá como fuente de pago un porcentaje necesario y suficiente de los ingresos derivados del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, sin afectar la economía familiar de las y los bajacalifornianos.

El decreto autoriza al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, a contratar uno o varios financiamientos con instituciones del sistema financiero mexicano que ofrezcan las mejores condiciones de mercado.

El plazo máximo autorizado para el financiamiento será de hasta 30 años, contados a partir de la celebración de los contratos respectivos o de la primera disposición de recursos. Además, se contempla la posibilidad de un periodo de gracia de hasta 36 meses.

Como parte de los mecanismos de control y transparencia, también se aprobó el Acuerdo No. 1 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, mediante el cual se instruye a la Secretaría de Hacienda a presentar informes semestrales a la Legislatura sobre la aplicación de los recursos derivados del financiamiento.

Las Comisiones de Fiscalización del Gasto Público y de Hacienda y Presupuesto darán seguimiento conjunto a la correcta aplicación de los recursos hasta la liquidación total de las obligaciones contraídas.

Con esta determinación, el Congreso del Estado busca impulsar infraestructura estratégica para garantizar el suministro de agua en la zona costa, bajo esquemas de supervisión legislativa y sin afectar las tarifas de los servicios públicos.