Ministras y ministros de la SCJN anunciaron que no harán uso de los nuevos vehículos y pidieron su reasignación a jueces en mayor riesgo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que sus ministras y ministros no utilizarán las nuevas camionetas blindadas adquiridas recientemente y solicitaron su devolución o, en su caso, que sean asignadas a jueces que enfrenten mayores riesgos, siempre conforme a los lineamientos normativos vigentes.
La decisión fue dada a conocer el 25 de enero a través de la cuenta oficial de la SCJN en la red social X, luego de que la compra de nueve unidades generara una intensa polémica en el ámbito político y social, principalmente por el costo de los vehículos y el contexto de austeridad que se exige a las instituciones públicas.
De acuerdo con un comunicado emitido el pasado 22 de enero, la Corte explicó que la renovación del parque vehicular responde a una normatividad interna vigente desde 2019, la cual establece la sustitución de los automóviles cada cuatro años o antes si se detectan condiciones inseguras. Aunque no se especificó el tipo de unidades, históricamente los ministros han sido trasladados en camionetas blindadas por razones de seguridad.
El máximo tribunal aseguró que la adquisición se realizó bajo criterios estrictos de prevención y responsabilidad, luego de evaluaciones técnicas de autoridades federales que concluyeron que los vehículos anteriores no cumplían con los estándares necesarios para garantizar la integridad de los ministros. Además, subrayó que el número de unidades dadas de baja fue mayor al de las adquiridas, con lo que se evitó un incremento neto del gasto patrimonial.
La controversia escaló cuando la exsenadora y excandidata presidencial Xóchitl Gálvez criticó públicamente la compra mediante un video difundido en X, donde afirmó: “¡No saben cómo justificar las camionetas de lujo! No importa si se rentan o se compraron, los vehículos son machuchones, esos de los que tanto se quejaron que se usaban en el pasado”, señalando que su precio supera el millón de pesos y puede llegar hasta 1.7 millones dependiendo del blindaje.
En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la adquisición al señalar que permitió un ahorro superior a mil millones de pesos frente al esquema anterior de renta, y precisó que los temas de seguridad deben tratarse con las autoridades competentes. Añadió que corresponde al Poder Judicial responder a los cuestionamientos y destacó que ahora estas decisiones se discuten públicamente, algo que, dijo, no ocurría en administraciones pasadas.
Con información de Baja News