Por: Manuel Cárdenas
Entre fines y lamentos por parte de la oposición, la discusiónmás seria sobre la reforma electoral de 2026 se ha instalado en el centro del debate público mexicano con una intensidad que revela, más que un desacuerdo técnico, una disputa profunda sobre el sentido de la democracia, el poder y la representación en México. No estamos ante un ajuste administrativo menor, sino frente a una redefinición de los equilibrios entre ciudadanía, partidos, instituciones y Estado. Como en toda reforma de esta magnitud, los riesgos son reales, pero también lo son las oportunidades históricas.
Quienes critican la reforma parten de una premisa central: que cualquier modificación al diseño electoral vigente implica necesariamente un retroceso democrático. Desde esta perspectiva, el INE es visto como una institución intocable y así lo dicen algunos, casi sacralizada, y cualquier intento de transformarlo se interpreta como un gesto autoritario. Sin embargo, este enfoque olvida un hecho elemental del constitucionalismo moderno: las instituciones no son fines en sí mismas, sino medios para garantizar derechos, pluralidad y legitimidad democrática. Si el modelo actual presenta distorsiones, desigualdades o ineficiencias, revisarlo no solo es legítimo, sino necesario.
Uno de los ejes más polémicos es la presunta intención de “hacer dependiente” al Instituto Nacional Electoral. Esta acusación, ampliamente difundida por medios críticos, se basa más en el clima político que en el texto jurídico, pues aún no existe una iniciativa definitiva.
Sin embargo, incluso tomando en serio esta preocupación, es posible ofrecer una lectura favorable a la reforma. La autonomía del INE no debe confundirse con aislamiento absoluto o inmunidad frente al escrutinio democrático. Un árbitro electoral robusto no es aquel que opera sin controles, sino el que combina independencia con rendición de cuentas. Si la reforma busca racionalizar procesos de designación, transparentar decisiones o fortalecer mecanismos de evaluación, ello podría, en realidad, profundizar la autonomía al hacerla más legítima socialmente y menos vulnerable a acusaciones de elitismo o corporativismo.
Otro punto de tensión es la reducción de costos del sistema electoral. La oposición advierte que “democracia barata” equivale a democracia vulnerable, y que menos financiamiento público abriría la puerta al dinero ilícito.
Este riesgo no debe minimizarse. No obstante, el planteamiento puede leerse de manera distinta: el problema no es gastar menos, sino gastar mejor. México tiene uno de los sistemas electorales más costosos del mundo en relación con su tamaño y nivel de desarrollo.
Si la reforma acompaña la racionalización presupuestaria con fiscalización más inteligente, coordinación con la UIF y sanciones más efectivas, el resultado podría ser un modelo más austero y, paradójicamente, más limpio.
El desafío no es preservar privilegios financieros, sino diseñar controles modernos que reduzcan tanto el despilfarro como la infiltración de recursos ilegales.
La discusión sobre los plurinominales constituye quizás el núcleo más ideológico del debate. La oposición sostiene que modificar su método de asignación debilita la pluralidad y favorece al partido dominante. Sin embargo, el cuestionamiento de las listas cerradas no carece de fundamento democrático. El sistema actual ha permitido que dirigencias partidistas coloquen en el Congreso a figuras sin vínculo real con el electorado, reproduciendo cúpulas y lealtades internas más que representación ciudadana. Transformar la lógica de los plurinominales, sin eliminarlos (como algunos dicen que pasará) podría fortalecer la legitimidad del Congreso al vincular mejor representación proporcional con rendición de cuentas. El reto, sin duda, es preservar límites claros a la sobrerrepresentación; pero ese es un problema de diseño técnico, no un argumento contra la reforma en sí misma.
En el ámbito municipal, la propuesta de reducir regidores ha sido interpretada como un debilitamiento de contrapesos locales. Existe aquí un riesgo real: menos integrantes del cabildo podrían traducirse en menos pluralidad y fiscalización. Sin embargo, una lectura minuciosa y realista, sugiere que el problema no es cuántos regidores hay, sino cómo funcionan. Un cabildo más pequeño, pero con mejores reglas de transparencia, comisiones técnicas robustas y mecanismos de participación ciudadana, podría ser más eficaz que uno numeroso pero burocrático. La clave está en combinar racionalización con fortalecimiento institucional, no en conservar estructuras infladas por inercia política.
Finalmente, la modernización del voto, especialmente en el extranjero, introduce debates sobre seguridad y confianza. La oposición teme riesgos de ciberataques o manipulación. No obstante, la realidad es que millones de mexicanos fuera del país siguen enfrentando barreras para ejercer su derecho al voto. Una reforma que amplíe modalidades, simplifique trámites y use tecnología con estándares internacionales podría ampliar derechos sin sacrificar certeza electoral. La alternativa no es entre seguridad y acceso, sino entre innovación responsable y estancamiento.
En conjunto, la reforma electoral debe leerse como parte de un proyecto más amplio de transformación del Estado mexicano. No se trata solo de cambiar reglas, sino de redefinir la relación entre poder político y ciudadanía. Los temores son comprensibles en una democracia marcada por su pasado autoritario; pero también lo es la aspiración de construir instituciones más eficientes, representativas y cercanas al pueblo.
La pregunta decisiva no es si la reforma es perfecta, ninguna lo es, sino si avanza hacia una democracia más inclusiva, austera y participativa. Desde una perspectiva favorable, la apuesta es clara: corregir excesos, democratizar procesos internos y fortalecer controles sin desmantelar garantías fundamentales. El éxito de esta reforma no dependerá de la retórica, sino de su traducción concreta en artículos constitucionales y leyes secundarias.
México se encuentra ante una encrucijada histórica: aferrarse a un modelo que ha generado costos y distorsiones, o asumir el riesgo creativo de reformarlo para profundizar la democracia. La transformación no es destrucción; es, en su mejor versión, evolución consciente.