Por Manuel Cárdenas
Muchos pensarán que este tema lleva meses en boga, pero no es un tema reciente, el agua hace mucho que dejó de ser un “tema ambiental” y se convirtió en un tema de poder, de justicia social y de supervivencia.
Antes hablábamos de “en 20 o 30 años habrá problemas”. Hoy hablamos de:
• Presas al 10–20%
• Ríos que dejaron de fluir
• Sequías multianuales
• Zonas completas donde ya no hay recarga natural
El agua se volvió el primer recurso crítico del cambio climático y Baja California es una de las zonas más vulnerables del país.
Esto debido a que durante décadas, el agua en México fue tratada como lo que nunca debió ser: una mercancía. No como un derecho, no como un bien común, sino como un activo financiero que podía comprarse, venderse, concentrarse y especularse. Ese modelo —hijo legítimo del neoliberalismo— no sólo permitió el saqueo silencioso de nuestros acuíferos, sino que generó profundas desigualdades territoriales, sociales y productivas. Mientras algunos acumulaban concesiones como si fueran títulos bursátiles, millones de personas abrían la llave sin saber si ese día habría agua.
La reciente implementación del programa de compensación por derechos de agua en Baja California, impulsado por la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda desde el Gobierno del Estado, no es un simple programa administrativo. Es una señal política profunda: el agua vuelve a ser entendida como lo que siempre debió ser, un derecho humano, un bien público y un instrumento de justicia social.
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales marcó un punto de quiebre. Se acabó la lógica que permitía transferir libremente concesiones de uso agrícola a usos urbanos e industriales, muchas veces sin planeación, sin control y sin evaluación de impacto hídrico. Esa práctica, normalizada durante años, convirtió al agua en una bolsa de valores líquida: quien tenía más, vendía; quien necesitaba, compraba; y el territorio… se secaba.
El nuevo marco legal reconoce algo fundamental: no se puede administrar el futuro de una región con la lógica del mercado, sino con la lógica del bien común.
Y es ahí donde el Gobierno de Baja California da un paso que merece ser reconocido: acompañar esta transformación con un programa compensatorio real, concreto y socialmente responsable.
Cuando se cambia un modelo estructural, el mayor riesgo no es el cambio en sí, sino que este se haga sin sensibilidad social. Y eso no ocurrió aquí.
El programa compensatorio de 70 millones de pesos destinado a usuarios del Distrito de Riego 014 del Valle de Mexicali es una muestra clara de que la transformación no es punitiva ni improvisada, sino ordenada, dialogada y solidaria. El Estado reconoce que hubo productores que durante años dependieron de ingresos derivados de la cesión de derechos de agua. Y lejos de criminalizarlos, los acompaña en la transición hacia un nuevo modelo hídrico más justo y sostenible.
Esto no es menor: estamos ante un gobierno que entiende que la justicia social no se decreta, se construye con políticas públicas sensibles, con negociación, con respeto a la historia productiva del territorio y con visión de futuro.
El fondo de este programa es profundamente ético. No se trata sólo de compensar pérdidas económicas, sino de reordenar el sentido del agua en nuestra vida colectiva.
Porque el agua no debe servir para enriquecer a unos cuantos, sino para garantizar:
● Que una madre no tenga que elegir entre pagar una pipa o comprar alimentos.
● Que un niño pueda lavarse las manos sin miedo a que mañana no salga nada de la llave.
● Que nuestras ciudades crezcan con planeación y no a costa de desecar el campo.
● Que la producción agrícola sea sostenible y no víctima de un sistema que convirtió al agua en botín.
Este programa marca el inicio de un nuevo pacto hídrico en Baja California: un pacto donde el agua deja de ser negocio y vuelve a ser derecho.
El gran mérito del Gobierno del Estado no es sólo atender una coyuntura, sino anticiparse al futuro. Baja California es uno de los estados más vulnerables al estrés hídrico en todo el país. Seguir con el modelo anterior nos habría llevado, tarde o temprano, a un colapso silencioso: acuíferos sobreexplotados, conflictos sociales, desplazamientos productivos y ciudades creciendo sin agua.
Hoy se está haciendo lo que no se hizo durante décadas: planear, ordenar, compensar, tecnificar y transitar hacia un uso racional del recurso.
Esto no es un acto administrativo. Es una decisión histórica.
Lo que hoy ocurre en Baja California es, además, un mensaje al resto de México: sí se puede cambiar el modelo hídrico sin romper el tejido social. Sí se puede transitar de la lógica del mercado a la lógica del derecho. Sí se puede gobernar con firmeza y al mismo tiempo con sensibilidad.
Y sobre todo, sí se puede demostrar que el Estado no está para proteger privilegios, sino para garantizar derechos de los más vulnerables.
Hay reformas que no hacen ruido, pero cambian la historia. Esta es una de ellas. Porque cada hectárea compensada, cada módulo de riego ordenado, cada litro de agua protegido, es una apuesta por la vida que viene.
En un mundo donde el agua será cada vez más escasa, Baja California está decidiendo no esperar a la crisis para actuar. Está construyendo hoy el derecho al agua del mañana.
Y eso, en estos tiempos, no es poca cosa.
Es transformación.
Es justicia.
Es futuro.