El sistema de justicia de Baja California vive una etapa de transformación significativa gracias al fortalecimiento de su infraestructura, su capacidad operativa y la asignación de mayores recursos públicos. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que esta administración ha impulsado de manera prioritaria el mejoramiento institucional, con el fin de agilizar los procesos y acercar los servicios judiciales a la ciudadanía.
Durante los últimos cuatro años, el presupuesto destinado al Sistema de Justicia creció un 51 por ciento, permitiendo ampliar de 94 a 159 el número de juzgados en la entidad. Esto representa la incorporación de 65 órganos jurisdiccionales que fortalecen la atención en materia familiar, penal, civil y forense, reduciendo tiempos de espera y mejorando la cobertura.
A este avance se suman obras estratégicas en infraestructura, con una inversión acumulada de 357 millones de pesos. Entre los proyectos ya finalizados se encuentran dos Centros de Convivencia Familiar (CECOFAM) —uno próximo a convertirse en el más grande del país—, los Centros de Resguardo Forense de Tijuana y Mexicali, y seis nuevas salas de Audiencia del Sistema Penal Oral en Tijuana, que se integran a las cuatro previamente existentes.
Para 2025, se contempla la puesta en marcha de dos nuevos edificios: el Tribunal de Oralidad Civil y Familiar, así como las Salas de Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia en Playas de Rosarito.
Estos avances han sido posibles gracias a un modelo de colaboración continuo entre los poderes del estado, actuando con autonomía y una visión de justicia social que coloca a las personas en el centro. Mientras el Gobierno Estatal ha impulsado la gestión de recursos y la construcción de obras, el Poder Judicial ha fortalecido su operación para mejorar la atención en todo el territorio.
La gobernadora también resaltó la importancia de la Reforma Judicial, que permitió por primera vez en la historia de Baja California la elección democrática y transparente de jueces y magistrados, consolidando un sistema de justicia más moderno, confiable y cercano a la población.
