La inseguridad carretera ya genera pérdidas económicas, riesgos para
Transportistas y daño a la competitividad.
Los bloqueos evidencian un problema nacional que frena la producción, la
inversión y el empleo.
Los bloqueos carreteros realizados durante esta semana por la Asociación Nacional
de Transportistas (ANTAC) y diversas organizaciones campesinas confirman la
profundidad de un problema que se extiende por todo el país. Por ello, desde la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), junto con nuestros
71 Centros Empresariales, subrayamos la urgencia de atender una problemática que
se ha vuelto insostenible para la actividad productiva.
De acuerdo con el sondeo realizado entre nuestros Centros Empresariales, 33 de 55
ciudades y regiones participantes reportan afectaciones directas en carreteras,
aduanas fronterizas, nodos logísticos y rutas estratégicas, particularmente en Jalisco,
Guerrero, Chihuahua, Ciudad Juárez, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Durango,
Puebla, Sonora, Baja California, Guanajuato, Cuauhtémoc, Tamaulipas, Hidalgo del
Parral y regiones de San Luis Potosí y Guasave. Estas interrupciones ya generan
retrasos, pérdidas económicas y riesgos para empresas y transportistas que dependen
del flujo continuo de mercancías.
Respaldamos las demandas planteadas por transportistas y productores agrícolas,
quienes enfrentan diariamente robos, extorsiones, cobro de piso y agresiones que
ponen en riesgo su integridad y su patrimonio. Su llamado a contar con condiciones
mínimas de seguridad para trabajar es legítimo y refleja una realidad que se ha
normalizado a niveles inaceptables.
Al mismo tiempo, enfatizamos que estos reclamos requieren respuestas inmediatas y
coordinadas por parte de las autoridades. La gravedad del fenómeno exige acciones
que garanticen seguridad en carreteras, rutas de carga y puntos logísticos, evitando
que la ciudadanía y las actividades económicas sigan siendo rehenes de la violencia.La inseguridad en carreteras no solo afecta al transporte de carga; compromete la
operación de cadenas productivas, incrementa costos logísticos, deteriora la
competitividad regional y coloca a México en desventaja frente a sus socios
comerciales. Sin rutas seguras no hay abastecimiento confiable, y sin abastecimiento
confiable se frenan la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico. A
esto se suma la ausencia de instituciones financieras que realmente apoyen al campo,
pues hoy no existen créditos adecuados para sembrar ni instrumentos que permitan a
los productores sostener su actividad frente al incremento de costos y la volatilidad del
mercado.
El desafío exige coordinación real. Llamamos al Gobierno Federal y a los gobiernos
estatales a trabajar juntos en un esquema inmediato que incluya vigilancia efectiva en
tramos de alto riesgo, atención a denuncias por extorsión, operación funcional de
trámites indispensables para el transporte de carga y mecanismos de conciliación que
involucren a productores, transportistas, gobiernos y empresas. Ninguna solución será
sostenible sin una estrategia conjunta que atienda de raíz los factores que originan
estos conflictos.
También reiteramos nuestro llamado firme al Gobierno Federal para ofrecer soluciones
efectivas a la crisis que enfrentan productores agrícolas en distintos estados,
particularmente por el precio pagado por la tonelada de maíz, el cual no cubre los
costos necesarios para sostener la operación de los agronegocios.
Esta problemática ya genera afectaciones directas a socios y socias de Centros
Empresariales COPARMEX, quienes han visto disminuidos sus ingresos y
comprometida la viabilidad de sus empresas ante la ausencia de apoyos reales que
permitan mantener operaciones, preservar empleos y contribuir al desarrollo
económico regional.
Consideramos indispensable que las autoridades instalen una mesa nacional de
diálogo con participación de los sectores afectados y con una representación
equilibrada de los estados donde la situación es más grave. Esta mesa debe generar
compromisos claros, con plazos verificables, inversión suficiente, operación
coordinada y criterios homogéneos que garanticen un entorno seguro para quienes
trabajan en la producción agrícola, el transporte y la logística.Llamamos a las autoridades a establecer una comunicación efectiva que permita
restablecer de inmediato la libre circulación en carreteras, sin criminalizar a quienes
alzan la voz por condiciones dignas de seguridad. Las soluciones deben construirse
con diálogo, eficacia y resultados verificables, evitando que el país siga perdiendo
competitividad por causas que pueden resolverse con determinación y coordinación.
México no puede permitirse rutas estratégicas paralizadas, cadenas logísticas
vulnerables y afectaciones a los productores del campo cuya actividad es la base de
la soberanía alimentaria.