
Las recientes reformas en materia de fiscalización y la aplicación de la Ley de Amparo han generado un escenario de mayor vulnerabilidad para los contribuyentes, quienes enfrentarán procesos más restrictivos para la defensa de sus derechos y la impugnación de créditos fiscales.
Así lo indicó el Mtro. Jesús Edgardo Betancourt Osuna, director fiscal de Global Business Advisory (GBA), quien estuvo, junto con el Mtro. Luis Antonio Ibáñez León, socios de GBA, como invitados en el desayuno técnico de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) Tijuana, que preside el C.P.C. Martín Guisado Valdez.
Durante su ponencia “Visita domiciliaria para la verificación de CFDI y créditos fiscales”, el Mtro. Jesús Betancourt explicó que la autoridad ya utiliza inteligencia artificial para fiscalizar de manera más exhaustiva, lo que incrementa las revisiones y reduce las posibilidades de defensa.



“Estamos en tiempos en los que las medidas son claramente recaudatorias, ya que esta reforma viene con la intención de evitar defraudación fiscal, pero no todos son defraudadores, sin embargo, hoy los contribuyentes están más expuestos y con menos alternativas legales para defenderse ante determinaciones del SAT”, advirtió.
El especialista subrayó que las modificaciones recientes a la Ley de Amparo dificultan impugnar resoluciones o créditos fiscales, al exigir garantías económicas previas para iniciar juicios.
Esto, dijo, limita el acceso a la justicia de las pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que no cuentan con liquidez suficiente para cubrir depósitos o intereses fiscales para defenderse.
Además, señaló que el Poder Judicial enfrenta un déficit de especialización en materia fiscal, lo que deriva en resoluciones menos favorables para los contribuyentes, lo que genera mayor vulnerabilidad.
“El único órgano experto es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero las reformas han restringido su intervención en temas clave como la prescripción de créditos fiscales, dejando la materia en manos de jueces sin la pericia necesaria”, enfatizó.
Por su parte, el C.P.C. Enrique Vargas Cruz, síndico de la AMCP, sostuvo que las empresas deberán adoptar una cultura preventiva para enfrentar este entorno más estricto, el cual demanda una planeación estratégica constante y una vigilancia permanente sobre sus operaciones fiscales y contables.
“Las compañías deben implementar planes que les eviten caer en causales que generen contingencias o costos fiscales, pues la autoridad ha fortalecido y endurecido las sanciones, por lo que será necesario invertir más en prevención y cumplimiento”, apuntó.
Finalmente, el síndico de la AMCP consideró que el panorama fiscal para 2026 exige mayor planeación, transparencia y asesoría técnica, tanto para proteger la estabilidad financiera de las empresas como para garantizar el respeto a los derechos de los contribuyentes frente a las nuevas facultades de verificación y cobro de la autoridad.