El secretario de seguridad y protección ciudadana dijo que lo importante es resolver el caso y no qué independencia atrae la investigación
Durante la conferencia de prensa matutina, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, compartió que la investigación del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, la lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.
“Como en otros casos, tenemos firme la investigación y va a avanzar bien, pero si llegara a ser necesario, por supuesto, solicitaríamos al fiscal General de la República. Aquí lo importante no es quien lo atraiga, es que se resuelva”, señaló Harfuch luego de cuestionamientos sobre la importancia que se le está dando al caso.
El funcionario explicó que “se está trabajando como gobierno de México con la fiscalía del Estado de Michoacán porque ahí inició el caso, es ahí donde inicia la carpeta de investigación. Si fuera necesario, por supuesto, solicitaríamos al fiscal que lo atraiga”, declaró.
La declaración de Harfuch y acciones de Sheinbaum
De acuerdo con Harfuch, la fiscalía estatal toma el caso mientras se lleva a cabo la investigación y una vez que la información arroje que se trató de un ataque producido por el crimen organizado, pasa a ser de interés federal.
Sin embargo, hasta el momento no se ha identificado a qué grupo delictivo pertenecían los perpetradores del ataque, pero el secretario de seguridad y protección ciudadana compartió que “es de conocimiento general que en dicha zona operan Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación(CJNG) y Los Blancos de Troya“ pero habrá que esperar los resultados para dar la información verídica.
Por otro lado, la presidenta reiteró que se está trabajando en los cuatrro ejes principales de la estrategia nacional de seguridad que es la atención a las causas, el fortalecimiento de la presencia de la Guardia Nacional (GN) en la región, así como el fortalecimiento de inteligencia e investigación y la coordinación entre instituciones de seguridad.
Además, puntualizó que se está abordando el tema de la extorsión en la zona, pues anteriormente ocurrió el homicidio del empresario limonero, Bernardo Bravo.
“No es nada más la atención a las causas, son todas las áreas. Ya tenemos tiempo trabajando en dos áreas particulares en Michoacán y una de ellas tiene que ver con los jornaleros agrícolas y todo el proceso de producción de la exportación de aguacate y limón”, explicó la mandataria.
Agregó que se busca que el jornalero agrícola tenga todos los derechos y mencionó que “en San Quintín, Baja California, son de las poblaciones más vulnerables, tienen migraciones temporalesa ciertas regiones del país o viven y tienen migraciones en un lugar a otro de un estado y no necesariamente se les paga lo que se les debe o lo que trabajan ni tienen todos los beneficios sociales de estar inscritos en el IMSS”.
Con información de Infobae