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¿Revisar las pertenencias de los estudiantes evita la violencia en las escuelas?

Un estudiante de 11 años mató a dos personas y se quitó la vida tras entrar con dos armas al colegio Miguel de Cervantes en Torreón (Coahuila), al norte de México. Este suceso abrió el debate para que autoridades educativas y de seguridad puedan revisar las pertenencias de los estudiantes y así evitar tiroteos o actos violentos dentro de las escuelas.

Tras el tiroteo, varios medios de comunicación locales dieron a conocer que en octubre de 2019, los padres de los niños del colegio Cervantes rechazaron la implementación del programa ‘Mochila segura y sana’, que consiste en revisar las bolsas de los estudiantes antes de ingresar al instituto. De acuerdo con el comunicado, firmado por la directora de la escuela primaria, los padres señalaron que “las condiciones de nuestra comunidad no requieren su aplicación”.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer en un comunicado que se evaluará el programa “a fin de prevenir este tipo de hechos”. Además, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, expresó su conformidad con el programa “desde el domicilio”. En Twitter, otros usuarios manifestaron que la revisión de los estudiantes debe realizarse para evitar actos de violencia.

El programa ‘Mochila segura’ se aplicó por primera vez en 2001 en Ciudad de México y a nivel nacional desde 2008 por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con las policías locales y estatales. Pero en julio de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las autoridades educativas para que no se siguiera verificando el contenido de las mochilas en las escuelas, ya que constituye una violación a la privacidad y dignidad de los menores.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, dice a Verne que este programa no puede ser restituido tras la recomendación hecha por la CNDH. “Las recomendaciones no son revisables, sería una contradicción a lo que ya se ha dicho”, dice, vía telefónica. “Se trata de la criminalización de los niños y adolescentes, poner un estigma por su edad y suponer que como son jóvenes van a cometer un delito”, añade.

El debate sobre las armas en los colegios no es nuevo. En enero de 2017, un adolescente de 15 años disparó contra su maestra y compañeros y se suicidó después. Para Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, se trata de un problema que no es exclusivo de las escuelas ni de las autoridades educativas. “Pareciera que se trata de quitar la responsabilidad a las autoridades sobre por qué hay armas en las calles a costa de trasladarlo a los menores en un ejercicio discriminatorio”, comenta a Verne, vía telefónica.

Tras poco más de una década de implementación, el programa ‘Mochila segura’ no dio resultados contundentes. De acuerdo con un análisis de El Colegio de México citado por la CNDH, no existen criterios uniformes de los protocolos a seguir. “No se establecieron las acciones específicas que debían llevar a cabo las autoridades educativas y padres de familia, en caso de encontrar objetos o sustancias no permitidos, lo que no da certeza ni seguridad jurídica a niños, niñas y adolescentes”, señala el documento.

Además, el Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño, ha pedido al Estado mexicano que lleve a cabo acciones en materia de derechos humanos y la protección de la dignidad de los menores. “No se pueden aplicar respuestas policiacas, porque los niños y adolescentes merecen protección”, dice Pérez García.

El operativo ‘Mochila segura’ en una escuela de Oaxaca en 2017. Cuartoscuro
México enfrenta una oleada de violencia que se ha visto agravada por el tráfico ilícito de armamento. El informe Beyond our borders del Center for American Progress, un instituto dedicado a la investigación de políticas públicas, indica que cada año cerca de 213.000 armas de fuego fabricadas en Estados Unidos ingresan ilegalmente a territorio mexicano. De ellas, unas 106.000 han estado vinculadas con actividades delictivas entre 2011 y 2016, sin que se sepa con exactitud qué porcentaje llega a manos de menores de edad.

“No es un tema de videojuegos ni de revisar las mochilas: es que los menores tienen acceso a armas ilegales en el país”, dice pérez Correa, del CIDE. “Eso, y la exposición constante a la violencia es algo que se tiene que revisar y que debe de cambiar”, finaliza la especialista. El gobernador de Coahuila refirió en conferencia de prensa que el comportamiento del estudiante pudo ser motivado por el videojuego Natural Selection.

 

El País 

Editor Denys Torres

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