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Diputado Julio César Vázquez propone que servidores públicos estén obligados a examen antidopaje

Con la finalidad de incorporar la obligación de que los servidores públicos de elección popular, así como los que desempeñen empleo, cargo o comisión de primer nivel en los poderes del Estado, ayuntamientos y los órganos autónomos, se sometan anualmente a examen para la detección de uso de drogas ilegales, el diputado Julio César Vázquez Castillo (PT) presentó una iniciativa de reforma a los artículos 46 y 49 de La ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California (Lrabc).

En su exposición de motivos, subrayó lo siguiente: “Quienes tenemos la oportunidad de representar a la sociedad, debemos actuar durante nuestro mandato de manera responsable y libres de la influencia de algún tipo de droga considerada como ilegal. Por ello, es de suma importancia legislar al respecto, ya que como es sabido por todos, el estar dopado influye considerablemente en las capacidades de la persona”.

Vázquez Castillo agregó que, mediante estudios científicos, se ha demostrado que las drogas pueden causar depresión, cambios psicológicos y del comportamiento, como aumento de la agresividad y la irritabilidad, síndromes afectivos psicóticos, trastornos del sueño, anorexia, retraso psicomotor, alucinaciones visuales y auditivas, confusión y ansiedad crónica.

El legislador petista dio a conocer que la Constitución del Estado, en el último párrafo del apartado A, del numeral 92, ya se contempla el supuesto de la realización del dopaje, pues en él se prevé que la ley establecerá la obligación de los servidores públicos ya mencionados, a someterse anualmente a examen para la detección de uso de drogas ilegales.

Por lo anterior, el presidente de la Comisión de Asistencia Social y Deporte de la XXIII Legislatura local consideró conveniente modificar los referidos artículos de la Lrabc, con la intención de prever que tendrán la obligación de someterse durante el mes de agosto a un examen para la detección de drogas, en los términos que lo determinen, según corresponda, la Secretaría de la Contraloría, Sindicatura o los Órganos de Control Interno.

La reforma dispone también sancionar a aquellos funcionarios que resulten positivos en los exámenes médicos de uso de droga ilegal, o bien que se nieguen a la realización del mismo.

Cabe mencionar que esta iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación, por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, diputado Catalino Zavala Márquez.

Editor Denys Torres

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